El brutal crimen de Agostina Vega ha generado una profunda conmoción nacional ante casos de violencia de género que mantienen en alerta a la comunidad. En las últimas horas, la causa tomó un fuerte tinte político tras conocerse una serie de pedidos de jury de enjuiciamiento contra los fiscales intervinientes y la filtración de un audio que vincula al sospechoso del crimen con el empleo público.
El ex diputado nacional Rodrigo de Loredo utilizó sus redes sociales para anunciar que busca impulsar un jury contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón. La iniciativa no quedó aislada, ya que diversos bloques de la oposición se sumaron de inmediato con el claro objetivo de afianzar la solicitud de destitución.
Los argumentos detrás del pedido de enjuiciamiento
Mientras la sociedad aguarda con expectativa el resultado preliminar de la autopsia —peritaje que permitirá avances significativos en la causa judicial—, se conocieron los fundamentos técnicos del arco político para avanzar contra los magistrados. Según informó De Loredo, el pedido de jury contra el fiscal Iván Rodríguez se fundamenta en haber dejado en libertad a Barrelier en 2025, cuando el imputado se encontraba acusado del grave delito de privación ilegítima de la libertad. Por otra parte, la medida contra el fiscal Raúl Garzón apunta a que se investigue exhaustivamente su proceder instructivo en el caso específico de Agostina.
El descontento con el accionar judicial no proviene únicamente del ámbito parlamentario nacional. Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, el legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda comunicó que presentó “un pedido para citar en la Legislatura al ex fiscal Iván Rodríguez, quien liberó bajo fianza a Barrelier en 2025”.
El audio
El caso dio un vuelco aún más complejo al revelarse un polémico entramado de contrataciones que desató la indignación pública. De Loredo confirmó que avanzará también en el plano municipal: “En el mismo sentido, pediré a los concejales de nuestro bloque (UCR) que soliciten la expulsión del concejal Ricardo Moreno”.
Esta tajante determinación surge tras la difusión de un controvertido mensaje de voz en el que Moreno confirma haber ingresado al presunto homicida y a centenares de personas a la estructura del Estado local. “Metí 500 a la administración pública, el pibe se echó un moco”, se escucha decir en el audio, en un intento de minimizar la gravedad de la situación actual del detenido. En el mismo material, el concejal agrega una polémica declaración sobre la exposición que le otorgó el caso: «Profesionalmente a mí me sirve un montón. Me conoce más gente de la que me conocía».
Un reclamo que cruza las fronteras partidarias y llega al sur
La gravedad del hecho ha unificado los reclamos de distintos sectores del arco político, un escenario que en provincias patagónicas como Chubut se observa con especial atención debido a los debates locales sobre la reforma judicial y los criterios de excarcelación en delitos graves.
Desde la Izquierda Socialista anunciaron también que solicitarán una investigación profunda sobre la conducta del fiscal, sumando además el pedido de remoción de Juan Pablo Quinteros, actual ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba. En sintonía con la búsqueda de consensos, desde el PRO indicaron que se comunicarán con integrantes del Frente Cívico para dialogar formalmente sobre el pedido del bloque de un jury de enjuiciamiento.
