En una sesión especial convocada para este miércoles, la Cámara de Diputados analizará uno de los proyectos económicos más ambiciosos del Gobierno de Javier Milei: el denominado “Súper RIGI”, un esquema que apunta a profundizar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y enfocar los beneficios exclusivamente en actividades consideradas estratégicas y de frontera tecnológica.
La iniciativa surge como una evolución del régimen aprobado en 2024, aunque con una diferencia central: solo podrán acceder aquellos proyectos que impliquen la creación de nuevas industrias o actividades que actualmente no tengan desarrollo comercial significativo en Argentina. De esta manera, quedan excluidas las ampliaciones, modernizaciones o expansiones de emprendimientos ya existentes.
Un régimen pensado para industrias del futuro
El proyecto oficial busca posicionar a Argentina como un polo atractivo para inversiones vinculadas a sectores de alto valor agregado y fuerte proyección internacional.
Entre las actividades contempladas figuran la inteligencia artificial, la fabricación de semiconductores, la biotecnología avanzada, la infraestructura digital, la producción de baterías de litio, el hidrógeno de bajas emisiones, los pequeños reactores nucleares, los vehículos eléctricos, nuevos desarrollos petroquímicos y la industria aeroespacial, entre otras áreas consideradas clave para la economía del conocimiento y la transición energética global.
Desde el Gobierno sostienen que estas actividades requieren reglas de largo plazo y condiciones competitivas para atraer capitales que actualmente compiten por radicarse en distintos países.
Beneficios fiscales y estabilidad por tres décadas
Uno de los principales atractivos del Súper RIGI es el paquete de incentivos previsto para los inversores.
El texto establece una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias del 15%, amortización acelerada de inversiones, exenciones de derechos de exportación e importación para bienes vinculados a los proyectos y estabilidad fiscal y regulatoria por un período de 30 años.
Además, contempla mayor flexibilidad para acceder al mercado de cambios y mecanismos específicos para la resolución de controversias, con el objetivo de brindar previsibilidad y seguridad jurídica a los emprendimientos que se instalen bajo este régimen.
Inversiones mínimas de US$1.000 millones
El acceso al programa estará reservado exclusivamente para proyectos de gran escala.
La iniciativa establece que cada emprendimiento deberá comprometer inversiones superiores a los US$1.000 millones, canalizadas a través de un vehículo societario creado específicamente para el proyecto.
También se exige que al menos una parte significativa del desembolso se concrete durante los primeros años de ejecución, buscando garantizar la materialización efectiva de las inversiones comprometidas.
Provincias y municipios deberán adherir
Otro aspecto relevante del proyecto es que las provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los proyectos radicados en sus jurisdicciones puedan acceder a los beneficios nacionales.
Según el oficialismo, esta condición busca garantizar un marco regulatorio uniforme y evitar que normativas locales alteren las condiciones de promoción ofrecidas a los inversores.
El proyecto obtuvo dictamen favorable en comisión con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR, el MID y bloques provinciales, mientras que Unión por la Patria expresó objeciones vinculadas al alcance de los beneficios fiscales, el impacto sobre la recaudación y la posibilidad de generar regímenes de excepción para grandes corporaciones.
Para el Gobierno, en cambio, el Súper RIGI representa una herramienta clave para atraer capitales internacionales, impulsar exportaciones, generar empleo calificado y diversificar la matriz productiva nacional en sectores de alta tecnología.
