La Justicia de Comodoro Rivadavia resolvió el sábado dictar dos meses de prisión preventiva para el acusado por el homicidio de Bernardino Villarroel, tras la audiencia de control de detención y apertura de investigación realizada durante la tarde del sábado.
El imputado, identificado por las iniciales N.R.C., quedó formalmente acusado luego de que los representantes del Ministerio Público Fiscal del Chubut solicitaran que se declare legal su detención, se formalice la investigación bajo la calificación provisoria de “homicidio agravado con ensañamiento” y se disponga una medida de coerción mientras se desarrolla el proceso.
Durante la audiencia, los fiscales expusieron que la detención debía considerarse válida ya que había sido ordenada previamente por un juez penal competente, y remarcaron que existen elementos que permiten sostener la probabilidad de autoría del acusado.
La reconstrucción del hecho
De acuerdo con las primeras informaciones presentadas en la audiencia, el crimen habría ocurrido alrededor de las 17:40 horas, cuando el imputado se encontraba dentro de la vivienda de la víctima.
Según la hipótesis fiscal, ambos habrían mantenido una discusión que derivó en un violento ataque, durante el cual el acusado le habría provocado a Villarroel heridas en distintas partes del cuerpo.
Posteriormente, el agresor habría iniciado dos focos ígneos dentro de la vivienda, presuntamente con el objetivo de eliminar evidencias que pudieran comprometerlo en el hecho.
En este contexto, el Ministerio Público Fiscal solicitó un plazo de seis meses de investigación para profundizar las medidas probatorias y avanzar en la reconstrucción completa de lo sucedido.
Posturas enfrentadas en la audiencia
Durante la audiencia, el fiscal también pidió que el imputado permanezca en prisión preventiva, al considerar que existen indicios suficientes que lo vinculan con el homicidio. Entre los argumentos, mencionó contradicciones detectadas en las entrevistas realizadas y la posible existencia de un móvil económico detrás del crimen.
Asimismo, la fiscalía sostuvo que existe riesgo de fuga, debido a que el acusado no sería oriundo de la ciudad, además del peligro de entorpecimiento de la investigación si recuperara la libertad.
Por su parte, la defensa se opuso a la prisión preventiva y solicitó la libertad del imputado, o de manera alternativa que se le conceda la libertad con presentaciones periódicas ante la Justicia.
Los abogados defensores argumentaron que “no existe probabilidad de autoría ni elementos suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado”. También sostuvieron que no habría riesgo de fuga, ya que el detenido tendría arraigo y trabajo en la ciudad.
Tras escuchar los planteos de ambas partes, la jueza penal Raquel Tassello resolvió declarar legal la detención, autorizar la apertura formal de la investigación penal preparatoria y dictar dos meses de prisión preventiva para el imputado mientras avanza el proceso.
