El pasado viernes 20 de marzo de 2026, la Justicia Penal de Puerto Madryn dispuso una orden de prohibición de acercamiento a Roberto Cabeda, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), tras una denuncia por violencia de género. La medida, solicitada por la fiscal María Eugenia Vottero y ratificada por la jueza Yamila Flores, surge a raíz de graves incidentes ocurridos durante una manifestación en la Municipalidad de Puerto Pirámides.
El origen del conflicto en Puerto Pirámides
Los hechos se desencadenaron en el marco de una protesta de ATE motivada por lo que el gremio calificó como «despidos arbitrarios». Sin embargo, desde el Ejecutivo municipal aclararon que se trataba del vencimiento de contratos temporales.
Según informaron las autoridades, es una práctica habitual contratar personal adicional durante los meses de verano para cubrir la alta demanda turística, finalizando dichos vínculos en marzo. Ante esta situación, el gremio inició una medida de fuerza con «estado de alerta y movilización» que derivó en el ingreso de unas 15 personas al edificio municipal.
Agresiones y contexto de la denuncia
La resolución judicial detalla que, ante la ausencia del intendente Jorge Perversi, el dirigente Roberto Cabeda increpó de manera violenta a la Secretaria de Gobierno, María Ángela Flores. Según el documento, Cabeda habría manifestado frases intimidatorias como: “María se encuentra sola” y “Decí que María es mujer porque si fuera hombre ustedes la cagan a trompadas, aunque igual la podrían cagar a trompadas”.
Asimismo, la denuncia incluye a otra manifestante, Andrea Rosales, quien junto a Cabeda habría proferido comentarios despectivos hacia la funcionaria, sugiriendo que «mejor que se vaya a limpiar piso que eso lo hacía bastante bien». El caso de Rosales generó particular sorpresa entre los testigos, ya que se desempeña como Secretaria del Concejo Deliberante local y se encontraba en su horario laboral al momento de los incidentes.
Alcance de la prohibición de acercamiento a Roberto Cabeda
En virtud de las pruebas presentadas y el contexto de «presión y hostilidad» descrito, la magistrada ordenó la prohibición de acercamiento a Roberto Cabeda por un plazo de 30 días. La restricción establece:
- Contacto absoluto: Se prohíbe cualquier comunicación por medios personales, telefónicos, redes sociales o interpósita persona.
- Radio de exclusión: El dirigente no podrá acercarse a menos de 200 metros de la víctima.
- Apercibimiento: En caso de incumplir esta orden, se incurrirá en el delito de Desobediencia a la Autoridad, según el artículo 239 del Código Penal.
La situación administrativa y judicial continúa bajo análisis, mientras el municipio reafirma que los movimientos de personal se ajustan a la estacionalidad del servicio turístico local.
