El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se reunió este viernes por la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el ministro del Interior, Diego Santilli, para formalizar el reclamo por la deuda de ANSES con Chubut. El monto total asciende a 51.000 millones de pesos, una cifra certificada por las autoridades nacionales que impacta directamente en la sostenibilidad de la caja previsional de la provincia.
Durante el encuentro, en el que Torres estuvo acompañado por el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero, se plantearon los incumplimientos registrados desde el año 2017. El mandatario provincial destacó la apertura de una instancia de diálogo técnico para encontrar una solución definitiva al desfinanciamiento que sufre el sector previsional local.
«Abrimos una instancia de negociaciones para que se cumpla con lo adeudado», explicó Torres tras la reunión. El gobernador enfatizó que la recepción por parte de Santilli fue positiva, permitiendo establecer un esquema de trabajo conjunto para los próximos meses.
A pesar de la apertura al diálogo, el titular del Ejecutivo provincial fue tajante respecto a las acciones legales. Aseguró que Chubut no dará marcha atrás con las presentaciones en los tribunales para garantizar el cobro de la deuda de ANSES con Chubut.
«A diferencia de otros gobernadores, no voy a desistir del reclamo judicial que corresponde para defender los intereses de nuestros adultos mayores», sentenció Torres. Según el mandatario, la provincia no está solicitando asistencia extraordinaria, sino la devolución de recursos que pertenecen legítimamente a los trabajadores que aportaron durante toda su vida.
Torres remarcó que los 51.000 millones de pesos son fundamentales para asegurar una «jubilación digna» en la provincia. «No estamos mendigando nada, sino exigiendo lo que nos corresponde a todos los chubutenses», agregó el mandatario, reafirmando su postura de prioridad provincial y defensa de los intereses locales.
Con este viaje a Buenos Aires, el Gobierno del Chubut busca dar un cierre a una problemática que arrastra casi una década de incumplimientos por parte del Estado Nacional hacia el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS).
