El acuerdo llegó tarde, pero llegó. Fueron más de cuatro meses de un conflicto que paralizó a buena parte de la industria pesquera del país. Más de 120 días de barcos amarrados, familias angustiadas y una tensión que se hizo sentir en los muelles, en los escritorios y en cada rincón donde la pesca es mucho más que una actividad económica. El último viernes, finalmente, un acuerdo entre el SOMU, el SIMAPE y las cámaras empresarias CAPECA, CAPIP y CEPA marcó el final, al menos momentáneo, de esta etapa oscura.
El convenio que se firmó sobre el cierre de la semana laboral en Buenos Aires implica un ajuste salarial, con aplicación del beneficio fiscal del 70% no remunerativo y un descuento del 9% sobre el total del recibo. Traducido: una baja del 18% para los armadores, que aseguran que este rediseño de los costos era imprescindible para sostener sus operaciones. Lo cierto es que el sector patronal no logró el recorte del 30% que originalmente exigía, pero con los valores actuales del dólar y la esperanza de precios internacionales por encima de los 6 dólares por kilo de langostino, apuestan a recuperar rentabilidad antes de que termine la temporada.
En ese delicado equilibrio entre lo que se puede y lo que se necesita, aparece también la urgencia de los tripulantes. Con este nuevo esquema, cobrarán un 18% más que el año pasado por marea. Un dato que aporta algo de alivio, aunque nada compense los meses de ingresos nulos y cuentas impagas. El costo humano del conflicto fue alto, especialmente para quienes viven con la lógica inquebrantable de la pesca.
Es probable que lo más valioso de este acuerdo no esté solamente en los números, sino en el aprendizaje que deja. La importancia del diálogo, la necesidad de revisar periódicamente los valores de producción, y el compromiso de mantener la actividad con los barcos en el agua, incluso en medio de tensiones. Porque se puede discutir con firmeza, sí, pero no con las redes vacías.
Para los empresarios, el mayor triunfo parece haber sido mantener la unidad en medio del fuego cruzado. Esa cohesión interna, históricamente esquiva, no solo les permitió sostener una posición común frente a los dirigentes gremiales, sino que visibilizó de manera cruda los problemas estructurales del sector. Se instaló en la agenda pública un debate que ya no puede postergarse: ¿qué tipo de industria pesquera queremos y podemos sostener en Argentina?
Del lado sindical, también hay una victoria silenciosa. Pese a las presiones y al desgaste, el SOMU evitó una poda más profunda de los ingresos y logró preservar condiciones que garantizan previsibilidad para lo que resta de la temporada. La inclusión en el acuerdo de un compromiso para revisar los valores en 2026 es más que una cláusula; es una puerta abierta a nuevas conversaciones, esta vez con mayor madurez.
El rol del Estado tampoco pasó desapercibido. No fueron los gremios ni las cámaras quienes anunciaron el acuerdo, sino el gobernador Ignacio Torres y el intendente Gustavo Sastre. Una señal clara de que este conflicto rebasó los márgenes del sector y se convirtió en una cuestión de política pública, con impacto directo en el empleo, la recaudación y el tejido social de localidades enteras.
La firma de este acuerdo no es el fin de una historia, sino el punto de partida para una etapa que exige responsabilidad compartida. La industria tiene que encarar con seriedad los desafíos que la atraviesan. Productividad, sostenibilidad, exportaciones, valor agregado, condiciones laborales y transparencia. Y lo tiene que hacer entendiendo que del otro lado no hay enemigos, sino partes de una misma cadena que solo funciona si todas las piezas están en movimiento.
Por estas horas la flota congeladora tangonera vuelve al mar por al menos un mes. Con ella, la esperanza de que esta vez, tras tanto desgaste, se haya aprendido que cuando se deja de hablar, pierde todo el mundo.
