La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) acudieron a la Justicia Federal para intentar frenar el avance del proyecto petrolero y gasífero Sea Lion, denominado León Marino en la presentación judicial, que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development desarrollan en la Cuenca Malvinas Norte.
La acción fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Las organizaciones solicitaron la suspensión inmediata de las obras, las operaciones vinculadas al proyecto y los movimientos financieros destinados a su ejecución.
El planteo sostiene que las compañías avanzan con un emprendimiento de enorme escala sin haber realizado ante el Estado argentino la evaluación de impacto ambiental exigida por la legislación nacional ni obtenido las autorizaciones correspondientes.
Pero la demanda incorpora además un segundo eje: el de la soberanía. Para AAdeAA y el CECIM, el desarrollo de Sea Lion implica una modificación unilateral sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, en contradicción con las resoluciones de las Naciones Unidas.
Un proyecto petrolero a 220 kilómetros de las islas
Sea Lion está ubicado sobre la plataforma continental argentina, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en los bloques identificados por las empresas como PL032 y PL004b.
El proyecto contempla una infraestructura que se extendería entre la Cuenca Malvinas Norte y las islas. Entre otras instalaciones, está previsto un centro logístico en Puerto Argentino, con ampliaciones portuarias, depósitos, viviendas y plantas destinadas al almacenamiento de combustibles, químicos y lodos de perforación.
Las dos primeras etapas del desarrollo contemplan 23 pozos submarinos: 16 productores, seis de inyección de agua y uno de gas. También incluyen cañerías, equipamiento sobre el lecho marino y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.
Según la información difundida por Navitas, la primera etapa contempla 11 pozos y la segunda otros 12. La compañía proyecta comenzar la producción en 2028 y mantener la explotación durante más de 30 años.
Durante 2026 comenzaron además trabajos vinculados con el muelle y la infraestructura terrestre, mientras las empresas avanzaron con la fabricación de equipamiento y la adaptación de la unidad flotante que será utilizada en el yacimiento. La perforación está prevista para comienzos de 2027 y la primera extracción para el primer semestre de 2028.
El reclamo por la falta de evaluación ambiental
Uno de los puntos centrales de la presentación judicial es que, según las organizaciones demandantes, Rockhopper y Navitas no realizaron ante las autoridades argentinas las presentaciones obligatorias para explorar o explotar hidrocarburos.
AAdeAA había presentado en enero de 2026 pedidos de acceso a la información pública ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía. De acuerdo con la demanda, las respuestas oficiales confirmaron que no se había iniciado ante el Estado argentino un procedimiento de evaluación de impacto ambiental para el proyecto.
Para los abogados ambientalistas, esa instancia resulta fundamental porque permite identificar riesgos, exigir estudios, analizar alternativas y garantizar la participación de la ciudadanía antes de que una actividad potencialmente riesgosa avance.
En ese sentido, cuestionan que las licencias otorgadas por la administración británica de las islas puedan ser utilizadas como sustituto de las leyes ambientales y las autorizaciones exigidas por la Argentina.
Empresas sancionadas por la Argentina
El escrito también incorpora como antecedente las sanciones aplicadas por el Estado argentino contra las compañías involucradas.
Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años, mientras que Navitas recibió sanciones similares en 2022.
En diciembre de 2025, además, la Cancillería argentina rechazó los anuncios de inversión vinculados con ambas compañías y sostuvo que el proyecto carecía de autorización argentina y contrariaba las resoluciones de Naciones Unidas relacionadas con la cuestión Malvinas.
Para las organizaciones que impulsaron la acción judicial, esos antecedentes refuerzan la necesidad de una intervención inmediata de la Justicia.
Ambiente y soberanía, en el mismo reclamo
La demanda propone una lectura que vincula directamente la protección ambiental con la defensa de la soberanía nacional.
Los denunciantes recuerdan que la Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y establece su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía como un objetivo permanente e irrenunciable.
Desde esa perspectiva, sostienen que la soberanía no constituye solamente una cuestión territorial o histórica, sino que también involucra el derecho colectivo de la sociedad argentina a decidir sobre los recursos naturales y el patrimonio ambiental de esos espacios.
La presentación judicial denomina a esta concepción “tutela ambiental soberana”.
Para el CECIM, la cuestión se inscribe además en una trayectoria de más de cuatro décadas vinculada con la defensa de la memoria, los derechos humanos y la soberanía en el Atlántico Sur. AAdeAA, por su parte, aporta su experiencia en litigios vinculados con la protección de ecosistemas, bienes comunes y acceso a la información ambiental.
Qué ecosistemas podrían quedar expuestos
Otro capítulo de la presentación está dedicado a los posibles impactos sobre el ambiente marino.
El proyecto se encuentra en un área vinculada con las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur, dentro de un sistema ecológico que mantiene conexiones con la región antártica.
La zona de la plataforma continental presenta una elevada productividad biológica y es hábitat de numerosas especies. Allí se encuentran ballenas francas australes, lobos y elefantes marinos, pingüinos de Magallanes, albatros, petreles, cormoranes, orcas, delfines, tiburones y rayas, además de unas 300 especies de peces mencionadas en la presentación.
Las organizaciones advierten que las perforaciones, el movimiento del lecho marino, el tránsito de embarcaciones, el ruido submarino y la utilización de productos químicos generan riesgos que, a su criterio, deben ser evaluados antes de que comiencen las operaciones.
El riesgo de derrames constituye uno de los principales puntos de preocupación, debido a que las corrientes podrían transportar contaminantes hacia zonas de alimentación, reproducción y migración de distintas especies.
A esto se suman los potenciales impactos sobre tierra y costa derivados de la ampliación portuaria y de la instalación de depósitos de combustibles, químicos y otros materiales en Puerto Argentino.
Qué le piden a la Justicia
La acción preventiva busca que la Justicia Federal actúe antes de que el eventual daño ambiental pueda resultar irreversible.
Entre las medidas solicitadas figura la suspensión de las obras, perforaciones y movimientos sobre el lecho marino vinculados con Sea Lion. También se pretende impedir nuevos contratos, desembolsos, transferencias o garantías financieras destinadas al proyecto.
Los demandantes solicitan además que se informe a organismos de control financiero y a los mercados donde operan las compañías, con el objetivo de identificar bancos, fondos de inversión, aseguradoras y otros actores que participan del financiamiento de la explotación.
Otro de los pedidos apunta a que las licencias otorgadas por la administración colonial británica sean consideradas inoponibles a la República Argentina, por entender que no pueden reemplazar las autorizaciones previstas por la legislación nacional.
El reclamo se apoya también en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que llamó a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de resolución.
