La crisis habitacional en Chubut vuelve a quedar en evidencia tras un nuevo relevamiento, del que se hizo eco días atrás Canal 12 Web, el cual indica que a una familia tipo inquilina le faltan más de $1.172.000 mensuales para cubrir sus necesidades básicas. Así lo completó Pamela Demes, referente del sindicato de inquilinas e inquilinos de la provincia, quien aseguró que “los números siempre dan en rojo desde 2021”.
El estudio compara ingresos —tomando como referencia salarios de empleados de comercio y docentes— con el costo del alquiler y la canasta básica adaptada a la región patagónica. El resultado es contundente: el ingreso no alcanza para cubrir vivienda, alimentación y gastos esenciales.
“En rojo quiere decir que a la familia inquilina le falta mucho dinero para cubrir sus necesidades básicas”, explicó Demes. Y remarcó que, pese a los relevamientos periódicos y el contacto con legisladores, no hubo respuestas concretas ni avances en políticas públicas.
El escenario, lejos de mejorar, se agrava mes a mes. Según detalló, los aumentos salariales son mínimos frente a una suba acumulada de hasta el 450% en los alquileres a nivel nacional, lo que profundiza el desfasaje económico.
Un ejemplo ilustra la magnitud del problema: un docente que inicia con un salario cercano a los $679.000 y paga un alquiler de alrededor de $500.000 queda con apenas $150.000 para el resto del mes, cuando la canasta básica individual supera los $423.000. El déficit en ese caso alcanza los $435.000 mensuales.
A esto se suma un contexto de endeudamiento generalizado. El 91% de las familias en el país está endeudada, y en el caso de los inquilinos la situación es aún más compleja, debido a los costos de ingreso a una vivienda y la inestabilidad de los contratos, que en muchos casos son de apenas un año.
“No solo hay un impacto económico, sino también social y en la salud mental de las personas”, advirtió Demes, al describir el nivel de incertidumbre que atraviesan quienes alquilan.
En Puerto Madryn, el problema tiene una dimensión significativa: alrededor del 30% de las viviendas son alquiladas, lo que equivale a unas 10.661 unidades habitacionales, según datos del censo 2022.
Pese a este escenario, desde el sindicato señalan que existen herramientas sin utilizar. Más de 9.000 lotes sociales ya adjudicados no han sido ejecutados, lo que podría aliviar gran parte del déficit habitacional si se pusieran en marcha. También mencionaron terrenos del IPV que permanecen sin uso desde hace años.
“Nos preguntamos qué está pasando con las políticas públicas para garantizar el acceso a la vivienda”, planteó la referente, quien también denunció la falta de respuestas a proyectos presentados, incluso aquellos vinculados a servicios básicos como la conexión eléctrica en viviendas alquiladas.
