El triple femicidio ocurrido en Florencio Varela el 24 de septiembre de 2025, donde perdieron la vida Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, no puede leerse como un hecho aislado. Es el reflejo más crudo de un entramado de violencia de género, precariedad social, abandono estatal y la penetración del narcotráfico que atraviesa a la Argentina.
Las jóvenes, de apenas 20 y 15 años, fueron asesinadas en un crimen vinculado al narcotráfico y, según fuentes policiales y familiares, algunas ejercían prostitución como estrategia de supervivencia en un contexto de extrema vulnerabilidad económica.
La feminización de la pobreza no es un concepto abstracto: es una realidad tangible y estructural. Las mujeres en Argentina, especialmente en barrios populares, enfrentan una doble jornada de trabajo remunerado y tareas de cuidado no remuneradas.
La brecha salarial alcanza el 37,5 % en promedio, y en el universo informal supera el 34 %. La tasa de desempleo femenino es del 8,5 %, frente al 6,8 % de los hombres. En hogares monoparentales —más de 1,6 millones en el país— la vulnerabilidad se vuelve crítica, con siete de cada diez madres sin recibir la cuota alimentaria en tiempo y forma. Según ONU Mujeres, la pobreza extrema entre mujeres y niñas alcanzó el 9,2 % en 2025.
Estas cifras reflejan que la pobreza recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, quienes dependen de préstamos, redes informales y trabajos precarios para sostener a sus familias.
El desmantelamiento de políticas públicas de género profundiza esta vulnerabilidad. Desde la llegada del gobierno de Javier Milei, el presupuesto destinado a programas de prevención y acompañamiento contra la violencia de género se redujo en un 80%, se eliminaron espacios de protección institucional y se avanzó en la derogación de leyes de paridad. En palabras de una activista local: “No se busca lo más fácil; lo más fácil es juzgar. Una adolescente de 15 años, ¿dónde estaba su madre? Seguramente trabajando para dar de comer a su familia. Estas son las realidades de los barrios populares”.
La violencia de género, además, convive con la expansión del narcotráfico y la prostitución forzada. La crisis económica ha llevado a muchas mujeres y adolescentes a vincularse con economías ilegales o a la explotación sexual para sobrevivir.
Un caso reciente en Comodoro Rivadavia ilustra esta dinámica: la Unidad Fiscal descubrió que al menos siete mujeres eran trasladadas desde la provincia de Buenos Aires para ser explotadas sexualmente. Tres sospechosas controlaban la actividad mediante cámaras, y los allanamientos permitieron rescatar a las víctimas y secuestrar más de 2,5 millones de pesos en efectivo, dispositivos electrónicos y documentación relevante. Este ejemplo evidencia cómo el crimen organizado se aprovecha de la vulnerabilidad femenina en un contexto de pobreza y ausencia estatal.
El femicidio y la explotación sexual no ocurren en el vacío: ocurren en un contexto de violencia estructural, pobreza extrema y desigualdad social. La desregulación económica, la precarización laboral y la inflación aumentan la exposición de mujeres y adolescentes a situaciones de riesgo, mientras que el Estado, desarticulado y con políticas reducidas, deja a las víctimas desprotegidas. El foco en “escandalizar” sobre la vida de las víctimas, en lugar de debatir sobre la economía desregulada y la falta de acompañamiento institucional, favorece al gobierno al desviar la atención de los problemas estructurales.
Frente a esta realidad, el movimiento feminista volvió a movilizarse bajo el lema “Ni Una Menos”, exigiendo justicia y políticas públicas efectivas que reconozcan la complejidad de la situación de las mujeres pobres y vulnerables. La lucha no es solo contra el agresor directo o el crimen organizado, sino contra un sistema que perpetúa la desigualdad y la exposición al riesgo.
El triple femicidio de Florencio Varela es un llamado urgente. La violencia de género en Argentina está estrechamente vinculada a la pobreza, la crisis social, la explotación sexual y la falta de políticas de cuidado.
Sin medidas estructurales, inversión real en programas de género y protección efectiva para mujeres y adolescentes, seguirán muriendo jóvenes y niñas. La sociedad debe actuar con hechos, no con palabras, para proteger a quienes más lo necesitan y desmantelar las redes de violencia que atraviesan barrios y hogares vulnerables.
