La jueza de garantías Eve Ponce rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por uno de los imputados en el homicidio de Mario Giannobile en Playa Unión, al entender que existe un riesgo concreto de fuga, agravado por antecedentes recientes del acusado durante la investigación.
El planteo había sido impulsado por la defensa del imputado, identificado como Francisco García, quien solicitó cumplir la detención en su domicilio con el argumento de poder asistir a una de sus hijas. Sin embargo, la magistrada consideró que no se aportaron informes que acrediten esa necesidad y remarcó que la situación familiar “afecta a todos los detenidos”.
En la audiencia, García expresó: “Me comprometo a lo que usted disponga y a seguir las pautas de conducta. Quiero acompañar a mi hija en su proceso”, incluso ofreciendo adquirir una tobillera electrónica por sus propios medios. Su abogado defensor, Diego Cruceño, sostuvo que “la regla debe ser la libertad del imputado” y destacó que su asistido no posee condenas previas y cuenta con arraigo, además de ofrecer un inmueble como caución.
No obstante, el fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill se opuso firmemente al pedido, subrayando que los riesgos procesales continúan vigentes. En ese sentido, detalló que el imputado “falsificó documentos de identidad, se mantuvo prófugo con el auxilio de su familia y además tiene un pedido de prisión preventiva por parte de la Justicia Federal”.
El fiscal también hizo hincapié en las pruebas científicas que ubican a García tanto en el lugar del crimen como en la camioneta utilizada para trasladar el cuerpo, y advirtió que, en caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de prisión perpetua.
La causa investiga el homicidio de Mario Giannobile, ocurrido a fines del año pasado en Playa Unión, donde la víctima fue asesinada a golpes y su cuerpo arrojado desde un acantilado entre las playas Magagna y Santa Isabel. Por el hecho también se encuentran imputados y detenidos el capitán de barco César Fresco y Fabián Sampietro.
Días atrás, y a pedido de la fiscalía, la jueza Ponce dispuso extender por seis meses el plazo de investigación, en una causa que continúa avanzando con la recolección de pruebas periciales.
