La paralización de los puertos argentinos continúa afectando al comercio fluvial y encendió alertas en distintos sectores productivos, luego de que los profesionales del servicio de practicaje resolvieran no aceptar nuevos contratos en rechazo a la desregulación impulsada por el Gobierno nacional.
La medida surge tras la implementación del Decreto 690/2026, que modificó el reglamento que regía la actividad desde 1991 y que, según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca eliminar regulaciones consideradas innecesarias.
“Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, sostuvo el funcionario al defender los cambios en el sistema.
Qué cambios introdujo la nueva normativa
El servicio de practicaje consiste en la asistencia especializada que reciben los buques durante las maniobras de ingreso y egreso de los puertos. Tras la aplicación del nuevo decreto, se establecieron modificaciones que generaron rechazo entre los prácticos.
Entre los principales cambios se encuentran la posibilidad de que capitanes extranjeros con experiencia puedan operar sin contratar prácticos, la ampliación de las dimensiones de los barcos que requieren obligatoriamente este servicio, la eliminación del límite de cupos para acceder a la matrícula profesional y la habilitación de la Prefectura Naval Argentina para prestar asistencia en determinadas condiciones.
Ante este nuevo escenario, los prácticos decidieron de manera coordinada interrumpir la prestación del servicio, pese a no estar organizados bajo una estructura gremial tradicional.
Un conflicto sin conciliación obligatoria
La situación representa un desafío para el Gobierno nacional, ya que técnicamente no se trata de un conflicto laboral formal, sino de una decisión adoptada por profesionales independientes que resolvieron no aceptar nuevos contratos.
Aunque la Prefectura intimó a los trabajadores a retomar la actividad al considerar el practicaje como un servicio público, el conflicto continúa y genera incertidumbre sobre su evolución.
La paralización afecta a terminales ubicadas desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, con especial impacto en el Río de la Plata y el río Paraná, corredores por donde circula aproximadamente el 80% de las exportaciones e importaciones de Argentina.
Advertencias por el impacto económico
Desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) alertaron sobre las consecuencias que puede generar la interrupción de las operaciones.
Su presidente, Gustavo Idígoras, señaló que “cada demora de barco es un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día” y advirtió que el país podría enfrentar dificultades comerciales internacionales.
“Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación”, afirmó.
La medida ya dejó embarcaciones sin actividad en terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, zonas estratégicas para el movimiento de productos agroindustriales.
También afecta al sector energético en Neuquén
El impacto de la restricción portuaria alcanzó también al desarrollo energético. En Neuquén, se frenó la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, debido a las limitaciones operativas en el puerto de Bahía Blanca, donde estaban previstas maniobras vinculadas a la obra.
Desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) informaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas permanecen interrumpidas por la “indisponibilidad de prácticos por un conflicto cuyas causas son ajenas al sector que representan”.
Además, la entidad advirtió que la continuidad de la medida podría generar complicaciones en el abastecimiento y afectar el transporte de productos.
La actividad portuaria, en alerta
Mientras continúa la falta de acuerdo entre las partes, crece la preocupación entre exportadores, empresas energéticas y operadores logísticos por las consecuencias de una paralización que afecta uno de los principales corredores comerciales del país.
El Gobierno sostiene que la reforma busca modernizar el sistema y reducir costos, mientras que los prácticos cuestionan los cambios y advierten sobre posibles riesgos en la seguridad de la navegación.
