El Superior Tribunal de Justicia del Chubut confirmó las condenas impuestas a tres policías acusados de cometer vejaciones contra un menor de edad durante un procedimiento realizado en Lago Puelo en agosto de 2020. La resolución rechazó de manera unánime las impugnaciones presentadas por la defensa y ratificó la actuación de la Fiscalía de Lago Puelo, que llevó adelante la investigación y el juicio.
Con este fallo, quedaron firmes las condenas contra C.C.A., y J.D.C., por el delito de vejaciones agravadas por el empleo de violencia. Además, el sargento A.E.C., fue condenado por el mismo delito y también por falsedad ideológica.
Como consecuencia, se mantuvieron las penas de prisión en suspenso y la inhabilitación especial por cuatro años y seis meses para ejercer cualquier función dentro de las fuerzas de seguridad.
El caso: una persecución y una agresión a un adolescente de 16 años
Los hechos ocurrieron el 2 de agosto de 2020 en la zona del Paralelo 42, sobre la Ruta Nacional 40, en el límite entre Chubut y Río Negro.
Según la reconstrucción de los hechos que fue considerada probada por la Justicia, un adolescente de 16 años pateó unos conos de tránsito instalados en un control y luego ingresó a un callejón.
A partir de esa situación, efectivos policiales de ambas provincias iniciaron una persecución que derivó en el ingreso al domicilio donde se encontraba el joven.
La sentencia sostuvo que los agentes ingresaron de forma «arbitraria y abusiva» a una propiedad privada sin autorización. Una vez dentro de la vivienda, redujeron y esposaron al adolescente.
Posteriormente, según se acreditó durante el juicio, los efectivos le propinaron golpes de puño en el rostro y patadas en el abdomen, provocándole hematomas y un importante sangrado nasal.
La agresión continuó incluso cuando la madre del menor intervino y les advirtió a los policías que se trataba de un adolescente.
La falsificación del acta policial
La investigación también determinó que las irregularidades continuaron después de la detención.
De acuerdo con la acusación fiscal, el sargento A.E.C., confeccionó el acta contravencional omitiendo deliberadamente la presencia de la madre de la víctima y de otros testigos civiles que presenciaron el procedimiento.
Para la Justicia, esa omisión tuvo como objetivo encubrir el accionar policial y las irregularidades cometidas durante el operativo. Por ese motivo, además de las vejaciones, el sargento fue condenado por el delito de falsedad ideológica.
Los argumentos que respaldaron la condena
En su resolución, el Superior Tribunal de Justicia ratificó la validez de las pruebas reunidas durante el proceso y descartó los planteos de la defensa.
Uno de los puntos centrales fue la confirmación del testimonio de la víctima, cuya versión fue respaldada por informes médicos que acreditaron lesiones incompatibles con la hipótesis defensiva de una supuesta caída accidental mientras se encontraba esposado.
Los jueces también sostuvieron que la omisión de testigos en el acta policial constituyó una alteración relevante de un instrumento público, con capacidad para influir en la valoración judicial de los hechos.
Asimismo, remarcaron que la condición de menor de edad de la víctima representó una circunstancia agravante, ya que los agentes tenían un deber especial de protección y, además, conocían la edad del adolescente debido a las advertencias realizadas por su madre durante el procedimiento.
El STJ cerró el debate judicial ordinario
El máximo tribunal provincial también rechazó los cuestionamientos vinculados a la graduación de la pena y descartó cualquier arbitrariedad en las decisiones adoptadas por los tribunales inferiores.
En ese sentido, aclaró que la inhabilitación para ejercer cargos públicos constituye una consecuencia legal obligatoria para este tipo de delitos y debe aplicarse conforme a lo establecido por la normativa vigente.
Con este pronunciamiento, el Superior Tribunal de Justicia concluyó que las sentencias dictadas previamente por la Cámara en lo Penal de Esquel se ajustan al derecho vigente y representan una derivación razonada de las pruebas producidas durante el juicio.
