La Cámara Penal de Chubut confirmó las condenas de Marta Beatriz Caucamán y Juan José Ovejero por los hechos cometidos contra Adolfo Yancamil en Paso de Indios, y rechazó el planteo de la Defensa Pública que buscaba el reenvío de la causa para revisar las penas.
Caucamán deberá cumplir nueve años de prisión, mientras que Ovejero fue condenado a siete años, en una sentencia que ya había sido dictada por el juez técnico Gustavo Castro luego del veredicto unánime de un jurado popular.
El caso llegó a juicio a partir de la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general Mariana Soledad Millapi y el funcionario de Fiscalía Rubén Kholer. El jurado determinó la culpabilidad de ambos imputados por los hechos que tuvieron como víctima al anciano Adolfo Yancamil.
Los hechos ocurrieron en Paso de Indios entre el 26 de diciembre de 2022 y el 30 de agosto de 2023.
La defensa cuestionó el proceso y la pena
La Defensa Pública Penal presentó una impugnación contra la sentencia y solicitó que la causa fuera reenviada para analizar nuevamente la pena impuesta.
Entre sus argumentos, planteó una afectación sustancial del debido proceso y del principio de legalidad. También cuestionó la fundamentación del rechazo del sobreseimiento durante la audiencia preliminar y sostuvo que, al momento de determinar las penas, no se habían valorado adecuadamente las circunstancias atenuantes previstas por el Código Penal.
La defensa también señaló que se había impedido incorporar evidencia que, a su criterio, podía resultar relevante para el esclarecimiento de los hechos.
El planteo fue analizado durante una audiencia de impugnación realizada el 3 de septiembre pasado.
La Fiscalía defendió la validez del juicio
La fiscal general Mariana Soledad Millapi rechazó los argumentos de la defensa y sostuvo que el auto de elevación a juicio dictado por el juez Gustavo Castro se encontraba debidamente fundamentado y ajustado a derecho.
Según explicó, la prueba testimonial ofrecida por la defensa había sido analizada de manera individual y aquella que finalmente fue excluida no aportaba un relato relevante sobre los hechos investigados.
Además, señaló que el único testigo de ese grupo que había sido habilitado para declarar fue posteriormente desistido por la propia defensa durante el debate.
Respecto de la pena, Millapi sostuvo que el juez técnico había analizado las circunstancias atenuantes planteadas por la defensa, pero las había considerado insuficientes frente a la gravedad de los hechos, la especial situación de vulnerabilidad de la víctima, la extensión temporal de las conductas y las violencias sufridas.
La Cámara respaldó la secuencia del proceso
Los jueces de la Cámara Penal César Zaratiegui, Adrián Barrios y Alejandro Defranco analizaron las distintas etapas del proceso y concluyeron que no existían motivos para anular el juicio ni modificar las condenas.
Los magistrados destacaron la relación entre tres momentos centrales de la causa: el auto de elevación a juicio del 15 de diciembre de 2025, el veredicto unánime del jurado popular del 23 de abril de 2026 y la sentencia de cesura de pena del 12 de mayo de 2026.
Para los jueces, esas decisiones conformaron una secuencia lógica y coherente. En la etapa intermedia se determinó qué prueba era pertinente y admisible para el debate; posteriormente, sobre esa plataforma probatoria, el jurado popular analizó los hechos y emitió un veredicto unánime de culpabilidad.
Finalmente, el juez técnico estableció las penas de acuerdo con las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
La Cámara consideró que no hubo arbitrariedad, vulneración de garantías constitucionales ni apartamiento de las reglas de valoración de la prueba que justificara intervenir sobre lo resuelto.
