La Justicia condenó a Ángel Martiniano González a dos años de prisión de ejecución condicional luego de que reconociera su responsabilidad en una serie de hechos vinculados a violencia de género, violación de domicilio y desobediencia judicial. La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado, mecanismo que permite evitar el debate oral cuando existe acuerdo entre la Fiscalía y la defensa respecto de los hechos y la pena.
La causa, que tuvo origen en Lago Puelo, fue impulsada por la fiscal Débora Barrionuevo, quien desde el inicio de la investigación solicitó medidas de resguardo para la víctima y logró mantener detenido preventivamente al imputado desde marzo hasta la realización del juicio.
De acuerdo con la investigación, el acusado protagonizó al menos tres episodios de hostigamiento y persecución contra la mujer: uno ocurrido en febrero y otros dos registrados el 22 de marzo, uno por la mañana y otro durante la noche.
El hecho más grave ocurrió cuando González fue detenido en flagrancia dentro de la vivienda de la víctima, en medio de un operativo de vigilancia reforzada dispuesto por la Policía a pedido de la Fiscalía. Según se expuso durante el proceso, el hombre incumplió de manera reiterada las restricciones y órdenes judiciales previamente dictadas por el Juzgado de Familia.
Los informes elaborados por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) fueron determinantes para sostener la acusación. Los profesionales advirtieron que la mujer atravesaba un estado permanente de temor e hipervigilancia debido al acoso constante sufrido durante los últimos meses.
Si bien la condena es de ejecución condicional debido a que el acusado no registraba antecedentes penales computables, la Justicia dejó en claro que cualquier incumplimiento derivará en su inmediata detención y cumplimiento efectivo de la pena en prisión.
Entre las reglas de conducta impuestas, Ángel Martiniano González tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse con ella por cualquier vía, ya sea telefónica, redes sociales o mensajes. Además, deberá fijar domicilio en la localidad de El Bolsón e informar cualquier modificación ante la Justicia.
La sentencia también obliga al condenado a participar del programa TAVIRE —orientado a la reflexión y prevención de la violencia de género—, realizar tratamiento psicológico y abordar su problemática de consumo de alcohol.
