La Justicia de Sarmiento condenó a un comerciante de 60 años de Río Mayo a dos años de prisión en suspenso por dos hechos de abuso sexual simple cometidos contra dos mujeres en su local comercial. La resolución fue dictada por el juez Alejandro Rosales, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía y la defensa del imputado.
La investigación estableció que el primer episodio ocurrió entre enero y septiembre de 2024, mientras que el segundo fue denunciado el 30 de mayo del mismo año, ambos en el mismo comercio de la localidad de Río Mayo. Según la acusación, el hombre protagonizó conductas de índole sexual inapropiadas en perjuicio de dos clientas.
Durante la audiencia, las partes solicitaron la homologación del acuerdo alcanzado, mecanismo previsto en el Código Procesal Penal mediante el cual el imputado reconoce su responsabilidad en los hechos a cambio de una pena acordada, evitando así la realización del juicio oral.
Tras analizar la legalidad y los elementos de prueba reunidos durante la investigación, el magistrado resolvió condenar al acusado a dos años de prisión de ejecución condicional, por lo que no cumplirá la pena en un establecimiento penitenciario siempre que respete las condiciones impuestas por la Justicia.
Reglas de conducta
Como parte de la sentencia, el condenado deberá cumplir durante los próximos 24 meses una serie de obligaciones impuestas por el tribunal.
Entre ellas, deberá realizar y acreditar una capacitación en perspectiva de género y niñez, someterse a una evaluación para determinar la necesidad de un tratamiento psicológico y presentarse en ocho oportunidades ante el Cuerpo de Delegados de Control.
Además, tendrá prohibido mantener cualquier tipo de contacto con las víctimas, ya sea de manera personal, telefónica, electrónica o a través de redes sociales, así como acercarse a sus domicilios.
Qué es un juicio abreviado
El juicio abreviado es un procedimiento previsto en la legislación argentina que permite resolver una causa penal sin necesidad de llegar a un debate oral.
Para ello, el fiscal, el imputado y su defensa alcanzan un acuerdo mediante el cual el acusado admite los hechos que se le atribuyen y acepta la pena propuesta. Posteriormente, un juez analiza si el consentimiento fue prestado de manera libre y voluntaria y verifica que existan pruebas suficientes para respaldar la condena. Si considera que se cumplen esos requisitos, homologa el acuerdo y dicta sentencia.
La audiencia se desarrolló en la Sala N° 1 de la Oficina Judicial de Sarmiento. Por el Ministerio Público Fiscal intervinieron la procuradora Luciana Coppini y el funcionario Alexis Ubilla, mientras que la defensa estuvo a cargo de la abogada Fabiana Uribe. También participaron representantes de la Asesoría de Familia.
En cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de preservar la intimidad y la dignidad de las víctimas de delitos contra la integridad sexual, este medio omite datos que permitan su identificación.
Las autoridades recuerdan que el abuso sexual es un delito de acción pública y puede ser denunciado por la propia víctima o por cualquier persona que tome conocimiento de los hechos.
