Se conoció el veredicto de pena en el juicio por el homicidio del menor Lautaro Labbe. El tribunal técnico, a cargo del juez Mariano Nicosia, impuso 22 años de prisión al uniformado Simón Cruz, declarado responsable por un jurado popular del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además, se mantuvo su prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme y se dictó su inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Durante la audiencia de cesura, el fiscal general Julio Puentes había solicitado una condena de 22 años de prisión, mientras que la querella, representada por la abogada Luciana Risso en nombre de la madre de la víctima, pidió 25 años. En contrapartida, la defensa de Cruz, ejercida por los letrados Alejandro Fuentes y Guillermo Iglesias, reclamó la pena mínima prevista para el delito: 10 años y 8 meses.
En su alegato, el fiscal destacó que el acusado actuó en un procedimiento policial que hasta el ingreso al pasaje Las Rosas fue legítimo, pero que se tornó en ilegítimo cuando Cruz disparó por la espalda a la víctima.
Señaló la “acción a traición”, el encubrimiento posterior —con el ocultamiento de la vaina servida, el corte de la capucha del buzo de Lautaro y el arrastre del cuerpo— y la conducta de Cruz, quien responsabilizó a una tercera persona. También ponderó como agravante la calidad de funcionario policial del condenado, que conocía los protocolos sobre el uso de armas y no se encontraba en riesgo inminente.
La querella, en la misma línea, remarcó la desaprensión de Cruz con la vida humana, la extensión irreparable del daño y el posterior intento de encubrimiento, solicitando una pena de 25 años.
Por su parte, la defensa insistió en que el hecho debía ser enmarcado en la pena mínima, ya que Cruz no tenía antecedentes penales, era nuevo en la comisaría y actuó como “delincuente ocasional”. Además, planteó que la condena no debía trascender a las hijas menores del imputado.
Finalmente, el juez Nicosia coincidió con la postura de la fiscalía y fijó en 22 años la condena, al considerar agravantes la edad de Cruz al momento del hecho (33 años), su formación como policía, la vulnerabilidad de la víctima y el daño institucional causado a la fuerza. Como atenuantes, tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales y la situación familiar del condenado.
