Una pasajera que sufrió graves lesiones al caer dentro de un colectivo tras una serie de frenadas bruscas recibirá una indemnización de $27.051.888, luego de que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia modificara el fallo de primera instancia.
La resolución fue dictada por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, integrada por los magistrados María Marta Nieto y Ricardo Rubén Enrique Hayes, que mantuvo la responsabilidad de la empresa de transporte y elevó sustancialmente el monto reconocido a la víctima.
El tribunal consideró especialmente que los ingresos de la trabajadora estaban acreditados mediante constancias oficiales de la AFIP y entendió que, para calcular la incapacidad permanente, debía utilizarse su salario real y no el Salario Mínimo, Vital y Móvil tomado como referencia en primera instancia.
El fallo también ratificó que las empresas de transporte de pasajeros tienen una responsabilidad objetiva respecto de la seguridad de quienes utilizan el servicio.
La maniobra que terminó con una grave lesión
El episodio ocurrió el 27 de enero de 2022, alrededor de las 14, cuando la mujer viajaba en la unidad N° 14 de Transporte Patagonia Argentina S.R.L., en Comodoro Rivadavia.
El colectivo circulaba por la avenida Alejandro Maíz cuando, según quedó establecido en la causa, el conductor atravesó a velocidad un reductor de velocidad que no estaba señalizado y realizó dos frenadas bruscas.
La maniobra provocó que la pasajera saliera despedida de su asiento y golpeara con fuerza la cabeza y la espalda contra la estructura del colectivo.
El propio conductor asistió a la mujer y la trasladó de urgencia al Hospital Regional. La gravedad de las lesiones vertebrales obligó a realizarle estudios y posteriormente una intervención quirúrgica.
La pasajera recibió el alta médica definitiva en marzo de 2023 y quedó con una incapacidad física permanente del 15%.
A partir de las secuelas y los padecimientos derivados del episodio, inició una demanda contra la empresa de transporte y su compañía aseguradora.
El primer fallo había fijado una indemnización de $14,4 millones
En primera instancia, el juez hizo lugar al reclamo y estableció una condena de $14,4 millones.
Sin embargo, al calcular el daño derivado de la incapacidad física, utilizó el Salario Mínimo, Vital y Móvil, al considerar que no estaban suficientemente acreditados los ingresos mensuales de la damnificada.
La decisión fue apelada por ambas partes.
La empresa de transporte buscó desligarse de responsabilidad y argumentó, entre otros puntos, que el mal estado de la calle y la falta de señalización del reductor de velocidad habían contribuido al accidente.
La pasajera, en cambio, cuestionó el monto de la indemnización y sostuvo que en el expediente existían informes oficiales de la AFIP que demostraban que percibía un salario superior al utilizado para el cálculo.
La Cámara ratificó la responsabilidad de la empresa
Al analizar el expediente, los camaristas rechazaron el planteo de la empresa y confirmaron su responsabilidad por las consecuencias de la maniobra.
La Cámara sostuvo que la obligación de seguridad de la empresa transportista respecto de sus pasajeros es objetiva y que las condiciones de la calzada no constituían, en este caso, un hecho suficiente para liberarla de responsabilidad.
En otras palabras, el tribunal consideró que las dificultades de la calle o la ausencia de señalización del reductor no eliminaban el deber de la empresa de transportar a sus pasajeros en condiciones de seguridad.
El salario real cambió el monto de la condena
El punto que produjo el mayor impacto económico en la sentencia fue el nuevo cálculo de la incapacidad.
Los jueces revisaron la documentación incorporada al expediente y comprobaron que la AFIP había acreditado ingresos de la trabajadora superiores al salario mínimo utilizado originalmente.
Con esa información, la Cámara recalculó la indemnización correspondiente a la incapacidad física.
La partida que en primera instancia había sido fijada en $9,7 millones pasó a $22.358.759.
El nuevo cálculo tuvo en cuenta la incapacidad permanente del 15% y los ingresos efectivamente acreditados de la víctima.
La indemnización total quedó en $27 millones
Con la modificación realizada por la Cámara, la condena total quedó establecida en $27.051.888.
El monto se compone de:
- $22.358.759 por incapacidad física.
- $3.943.128 por daño moral.
- $750.000 por gastos médicos.
Además, el tribunal determinó que las costas judiciales de ambas instancias deberán ser afrontadas por la empresa demandada.
Qué resolvió la Cámara sobre los intereses
La sentencia también introdujo una modificación respecto de los intereses.
A partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Zampelunghe”, los camaristas resolvieron dejar sin efecto la capitalización de intereses que había sido dispuesta de oficio en la sentencia anterior.
El criterio utilizado fue que los jueces no pueden disponer por iniciativa propia la capitalización de intereses sobre una deuda impaga cuando esa pretensión no fue solicitada expresamente por la parte damnificada en su demanda.
