La Justicia de Puerto Madryn dictó un fallo condenatorio en un caso de integridad sexual que involucra a un menor de edad. Un hombre fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional luego de ser hallado culpable del delito de abuso sexual simple contra un niño de 5 años, en un hecho aberrante que alteró la tranquilidad de su entorno familiar.
El proceso judicial, que avanzó con celeridad, contó con una investigación impulsada por la fiscal Romina Carrizo y el funcionario Emiliano Otero, integrantes de la Agencia Especializada en Violencia de Género y Delitos Sexuales. Los fiscales lograron reconstruir la trama de un suceso que se originó en el año 2024, en un contexto de supuesta protección y confianza que terminó facilitando la agresión.
El quiebre de la confianza familiar
Los hechos ocurrieron cuando el niño se encontraba temporalmente al cuidado de su abuelo. Según quedó fehacientemente acreditado durante las audiencias, el agresor aprovechó ese escenario de vulnerabilidad para tocarle las partes íntimas y besarlo en la boca.
La alarma se encendió cuando la madre del niño advirtió conductas inusuales y expresiones alarmantes en el menor mientras este jugaba. Ante la sospecha de que algo grave estaba sucediendo, la mujer radicó de inmediato la denuncia penal, activando de forma urgente los protocolos de contención y recolección de pruebas de la fiscalía.
Uno de los pilares probatorios del juicio fue la pericia psicológica realizada al niño, cuyo informe profesional concluyó que el relato resultaba absolutamente creíble y que mantuvo una estricta concordancia a lo largo de todas las etapas de la evaluación. Dicho elemento fue determinante para que la magistrada dictara el veredicto condenatorio.
Una reparación económica inédita como regla de conducta
El delito de abuso sexual simple se encuentra tipificado en el artículo 119 del Código Penal, el cual sanciona de manera taxativa aquellas conductas de contenido sexual que se realizan sin el consentimiento de la víctima o, como en este caso, aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de un menor de edad.
Más allá de la pena de prisión en suspenso, lo que destaca en la resolución de la jueza Pérez Bogado es el enfoque de reparación integral. La magistrada dispuso una serie de reglas de conducta obligatorias que el condenado deberá cumplir estrictamente durante los próximos tres años para no perder su libertad ambulatoria:
- Sometimiento a un tratamiento psicológico especializado.
- Asistencia obligatoria a talleres vinculados a la prevención de la violencia.
- El pago de una reparación económica mensual equivalente a una canasta básica familiar, la cual deberá efectivizarse de manera ininterrumpida durante el plazo de la condena.
