La Municipalidad de Comodoro Rivadavia elevó el miércoles el tono de su reclamo contra YPF al difundir una extensa carta abierta en la que anunció que impulsará una demanda judicial para que se determine, mediante prueba científica independiente, si la empresa cumplió con la recomposición ambiental de los pasivos históricos existentes dentro del ejido urbano.
El documento, titulado «El futuro no puede construirse sin reparar el pasado», representa uno de los pronunciamientos institucionales más contundentes de los últimos años en torno a la histórica relación entre la ciudad y la petrolera estatal.
La administración municipal sostiene que, más de un siglo después del nacimiento de la industria petrolera argentina en Comodoro Rivadavia, persisten pozos abandonados, antiguas instalaciones industriales, ductos, piletas, suelos afectados y restricciones al uso del territorio, cuya recomposición integral aún continúa siendo una cuestión pendiente.
En la carta, el Municipio comienza reconociendo el rol que tuvo YPF en el desarrollo económico y social de la ciudad y del país. «Durante más de un siglo, el nombre de YPF y el de Comodoro Rivadavia fueron prácticamente inseparables», señala el texto, que también destaca el aporte realizado por generaciones de trabajadores, técnicos e ingenieros que consolidaron a la empresa como un emblema del desarrollo energético nacional.
Sin embargo, advierte que esa misma historia dejó un pasivo ambiental que todavía no fue completamente resuelto.
La Municipalidad afirma que la problemática no responde a apreciaciones políticas ni a afirmaciones retóricas, sino que está respaldada por expedientes administrativos, auditorías ambientales, inspecciones oficiales, estudios técnicos, programas de remediación y documentación elaborada por la propia empresa.
Según el planteo oficial, esos antecedentes demuestran que existen numerosos sitios que continúan bajo monitoreo, evaluación o saneamiento, lo que evidencia que el problema sigue abierto y requiere una solución integral.
La Justicia deberá determinar si hubo recomposición ambiental
Como principal medida, el Municipio anunció que presentará en los próximos días una acción judicial para que sea el Poder Judicial quien determine, con respaldo científico independiente, si YPF cumplió efectivamente con la obligación constitucional de recomponer el daño ambiental.
La presentación buscará establecer si los pasivos existentes dentro del ejido urbano fueron remediados conforme lo exige el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano y establece la obligación de recomponer el daño ambiental.
Para la Municipalidad, la protección del ambiente constituye un deber constitucional, legal y ético, razón por la cual considera indispensable la intervención judicial.
El caso también llegará a la Comisión Nacional de Valores
Otro de los anuncios relevantes contenidos en la carta es que el Municipio pondrá estos antecedentes en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El argumento es que la controversia ambiental resulta objetivamente relevante para una empresa que cotiza en los mercados de capitales y que ha asumido compromisos públicos en materia de sostenibilidad, transparencia y gobierno corporativo.
En ese sentido, el documento sostiene que los estándares internacionales ya no evalúan únicamente el desempeño económico de las compañías, sino también la manera en que enfrentan los impactos ambientales derivados de su actividad.
Uno de los puntos más contundentes del documento cuestiona el acuerdo celebrado entre YPF y la Provincia del Chubut.
La Municipalidad sostiene que ese entendimiento no resuelve la controversia ambiental, ya que considera que no puede extinguir obligaciones constitucionales vinculadas a derechos colectivos cuya tutela también corresponde al Municipio.
Además, remarca que la recomposición efectiva del ambiente no puede ser reemplazada por una compensación económica mientras subsistan dudas sobre el estado real de los sitios afectados.
«La ciencia deberá decir cuál es la verdadera situación ambiental. Y será la Justicia quien deba resolver con independencia e imparcialidad», sostiene el texto.
«No es una confrontación»
Pese al tono firme del documento, la Municipalidad aclara que la decisión no busca confrontar con YPF ni obstaculizar el desarrollo energético nacional.
Por el contrario, plantea que una empresa con la trayectoria institucional de YPF tiene la oportunidad de demostrar que el liderazgo también se construye asumiendo las responsabilidades derivadas de su propia historia.
En esa línea, sostiene que la verdadera sostenibilidad no puede limitarse a declaraciones, reportes corporativos o instrumentos financieros, sino que debe reflejarse en la reparación efectiva de los impactos ambientales generados por décadas de explotación hidrocarburífera.
Lejos de cerrar las puertas a una solución consensuada, la carta concluye con una invitación pública a abrir una instancia de diálogo institucional, orientada a construir una salida basada en criterios técnicos y científicos.
«Todavía es posible construir un camino diferente«, señala el documento, que propone poner en el centro de la discusión la recomposición efectiva del ambiente y no únicamente el debate sobre quién debe asumir esa obligación.
El texto concluye con una definición que resume la posición del Ejecutivo municipal: «El ambiente no pertenece a una generación. Pertenece también a quienes todavía no han nacido. Ninguna sociedad puede construir un futuro sostenible mientras permanezcan sin resolver las consecuencias ambientales de su propio pasado».
