El fiscal general Teodoro Nürnberg solicitó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia penas de hasta 19 años de prisión para para seis exintegrantes de las fuerzas armadas y de seguridad acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 23 víctimas durante la última dictadura militar.
Nürnberg presentó su alegato detallando los hechos, la existencia del circuito represivo en la ciudad, y reclamando condenas por secuestros, tormentos, y otros delitos perpetrados en el centro clandestino de detención (CCD) «Las Casitas», ubicado en el Regimiento 8 de Infantería General O’Higgins.
Las penas solicitadas por el fiscal Nürnberg
Durante su exposición de seis horas ante el tribunal, el fiscal Nürnberg especificó las condenas que pide para los seis imputados:
- Raúl Pantaleón Cruz (Ejército): 19 años de prisión e inhabilitación perpetua, por ser partícipe necesario de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, severidades, vejaciones, apremios ilegales, imposición de tormentos, y asociación ilícita.
- Alfredo Pablo Lisseri (Prefectura Naval): 11 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, como partícipe necesario de violación de domicilio, privación ilegítima, severidades, vejámenes y apremios ilegales, imposición de tormentos agravada, y asociación ilícita.
- Mario Enrique Pérez (Policía de Santa Cruz): 14 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, considerado autor mediato de violación de domicilio, privación de la libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales, imposición de tormentos agravada, y asociación ilícita.
- Francisco Olegario Sevilla (Policía de Santa Cruz): 9 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, como partícipe necesario de violación de domicilio, privación de la libertad, severidades, vejaciones y apremios ilegales, imposición de tormentos agravada, y asociación ilícita.
- Eduardo Rodríguez (Ejército): 5 años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo, como partícipe secundario de privación ilegítima de la libertad.
- Fernando Pedernera (Ejército): 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo, como partícipe secundario de privación ilegítima de la libertad.
El fiscal también solicitó la absolución de Rafael Augusto Manuelides, integrante de la policía de Santa Cruz.
Por esta misma causa estaban imputados, pero fallecieron antes del inicio del debate, los siguientes acusados: Jorge Alberto Chanfreau, exintegrante del Ejército Nacional; el exprefecto Carlos María Gómez Coll; el exmiembro de la Policía Federal Carlos Daniel Moreno; y Roberto Francisco Blumetti, José Mercedes Muñoz y Carlos Alberto Seguel Páez, exefectivos de la Policía de Santa Cruz.
El circuito represivo en Comodoro Rivadavia y la Patagonia
El juicio, iniciado en agosto pasado, investiga los crímenes contra 23 víctimas que fueron secuestradas en Comodoro Rivadavia (Chubut), y las localidades santacruceñas de Güer Aike, Pico Truncado y Caleta Olivia, además de La Plata. Algunas víctimas también fueron trasladadas desde los penales de Rawson y Trelew. Entre las víctimas se encuentra Guillermo Silvera, un militante universitario que continúa desaparecido.
Nürnberg destacó que, desde enero de 1976, existieron varios centros clandestinos en Comodoro Rivadavia bajo control militar, incluyendo la sede de la Policía Federal, la delegación de Prefectura, el Regimiento 8 de Infantería, el Batallón Logístico IX, la Compañía de Mantenimiento 181 y comisarías locales.
Sobre «Las Casitas», el fiscal señaló la «coincidencia total y absoluta» en los testimonios de las víctimas de haber estado en una unidad militar en Comodoro Rivadavia con paso de aviones.
El fiscal general también hizo mención al rol del Poder Judicial durante la dictadura, señalando la complicidad del fallecido juez federal de Rawson, Omar Garzonio, y la demora histórica en la causa debido a las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Se refirió al engranaje represivo de la dictadura cívico militar. «La represión de disidentes y opositores políticos, sindicales, tuvo apariencia de legalidad, con la creciente preponderancia de legislación e instituciones represivas y, a su vez, se organizó un aparato de represión clandestina y sistemática» expresó el fiscal, quien citó el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la Masacre de Trelew.
Finalmente, Nürnberg insistió en la necesidad de que la investigación continúe para identificar a otros responsables que aún no han sido juzgados, señalando que el expediente contiene nombres de personas no investigadas y de víctimas que no pudieron declarar.
