La Justicia de Trelew iniciará formalmente este viernes 19 de septiembre la investigación de la causa conocida como «Pollos de Papel», que involucra un presunto fraude de más de 70 millones de pesos en la adquisición de alimentos con fondos públicos durante la gestión municipal anterior.
La denuncia fue presentada por el intendente Gerardo Merino, apenas asumió su mandato, al detectar posibles delitos penales vinculados al uso de recursos destinados a la asistencia alimentaria de sectores vulnerables. En el caso, cinco exfuncionarios y dos particulares son investigados por malversación de fondos públicos.

El caso salió a la luz tras la asunción de Merino como jefe comunal, cuando se encontraron irregularidades en contratos y pagos por la compra de carne y pollo financiados por recursos municipales. En esta línea, el secretario de Gobierno, Mario Romeo, explicó: “Es la formalización de la apertura de investigación respecto de una denuncia que hizo el intendente Merino apenas iniciada su gestión. Detectamos algunas irregularidades que entendimos eran un delito penal y lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía”.
La pesquisa apunta a la malversación de fondos públicos destinados a comedores y programas sociales, con consecuencias no solo económicas para el Estado, sino también directas en quienes dependen de estos alimentos.
Lo que empezó como un solo expediente ya derivó en diez causas adicionales, todas ligadas a las mismas personas y operaciones, lo que refleja la magnitud del presunto fraude y su posible alcance en distintas áreas de la gestión social.

El rol del Municipio en la investigación
Romeo confirmó además que la Municipalidad de Trelew se presentará como querellante en la causa. “Seguramente la Municipalidad, ya lo puedo asegurar, va a ser querellante en la causa para acompañar a la Fiscalía tanto en la actividad que tengan como en aportar pruebas en caso de ser necesario”, señaló.
Con esta participación, el Municipio busca no solo acompañar el proceso judicial y promover sanciones a los responsables, sino también recuperar los fondos desviados para destinarlos nuevamente a la comunidad.
Romeo subrayó la trascendencia social y ética del caso: “Tiene que ver con bienes del Estado municipal y con alimentos para personas carenciadas. La sociedad debe saber qué se hizo con los recursos que el contribuyente puso”.
De esta forma, la gestión actual refuerza su compromiso con la transparencia en el uso de fondos públicos y la defensa de los programas destinados a los sectores más necesitados.














