Un fallo judicial en Comodoro Rivadavia puso en el centro el interés superior del niño y el valor jurídico de la identidad al dar la razón a un adolescente que manifestó su voluntad de no llevar el apellido de su padre biológico.
La resolución fue dictada por la jueza de Familia Laura Lorenzón, quien rechazó el pedido de impugnación de reconocimiento filial promovido por la madre del joven, luego de que una prueba genética confirmara que el hombre que lo había reconocido al nacer no era su progenitor biológico.
Pese a la certeza científica, la magistrada subrayó en su sentencia que “la verdad biológica no opera de modo automático ni excluye el análisis integral del interés superior del niño”. En ese sentido, remarcó que si bien la biología puede despejar dudas, no resulta suficiente por sí sola para redefinir el estado civil de una persona.
Al momento de ser escuchado por el tribunal, el adolescente —que tenía 16 años— expresó con claridad su deseo de conservar el apellido de quien lo reconoció desde su nacimiento y a quien considera su padre. Esa voluntad fue determinante para la decisión judicial.
La jueza consideró que el planteo de la madre para establecer de manera inmediata una nueva filiación resultaba prematuro. Recordó además que el estado de familia es una cuestión de orden público, lo que exige un proceso judicial con todas las garantías de defensa antes de adoptar una definición definitiva.
En la misma línea, el fallo también rechazó el cambio de apellido. “El nombre y el apellido no son meros datos registrales sino componentes esenciales de la identidad personal”, sostuvo Lorenzón, al advertir que cualquier modificación incide directamente en la construcción subjetiva y social del niño.
Otro aspecto relevante de la resolución es que, mientras la cuestión de la filiación definitiva deberá resolverse por la vía procesal correspondiente, la obligación alimentaria no puede quedar en suspenso. Por ese motivo, la magistrada dispuso que el padre biológico continúe abonando la cuota alimentaria y, además, actualizó su monto, priorizando la protección efectiva del adolescente.
El fallo marca un precedente al reafirmar que la identidad y la voluntad del menor deben ser consideradas de manera integral en los procesos de filiación, incluso cuando exista certeza genética sobre el vínculo biológico.
