La Legislatura de Chubut convirtió este jueves en ley el convenio firmado entre el Gobierno provincial e YPF, poniendo fin a varios días de intenso debate político alrededor del destino de los bienes que la petrolera transfiere tras su retiro de las áreas convencionales de la Cuenca del Golfo San Jorge. Fue después de poco menos de cuatro horas de debate y fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.
El oficialismo consiguió la aprobación con los 14 votos de su bloque, sumados a la diputada sastrista Mariela Williams y el legislador del bloque unipersonal Familia Chubutense, Daniel Casal; también, y para sorpresa de muchos, acompañaron de manera positiva los diputados Gustavo González y Mariela Tamame de Chubut Unido. Tanto Arriba Chubut, como el Pich y el legislador del Frente de Izquierda, votaron de forma negativa el convenio entre YPF y el Estado provincial. La diputada Tatiana Goic, que responde al gremio de Camioneros, estuvo ausente.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo fue aprobado con modificaciones introducidas durante su tratamiento en Comisión, cambios que buscaron responder a algunos de los cuestionamientos planteados por el municipio de Comodoro Rivadavia sin alterar el núcleo del acuerdo alcanzado con la empresa y que tuvo fuertes cuestionamientos de parte de la oposición durante la sesión legislativa de este jueves.
Uno de los puntos centrales de la norma aprobada establece que los 25 millones de dólares que YPF abonará como compensación extraordinaria deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura, servicios públicos, salud, seguridad, saneamiento y otras inversiones de interés público dentro de Comodoro Rivadavia. De ese modo, la Legislatura dejó expresamente establecido el destino de esos fondos para evitar futuras reasignaciones.
Más participación para el municipio
Durante el trabajo en Comisión se incorporaron artículos que reconocen expresamente las facultades del municipio de Comodoro Rivadavia en materia de planificación urbana, uso del suelo, habilitaciones, ambiente y poder de policía sobre los inmuebles comprendidos en el convenio.
Además, el texto definitivo y que se votó en la sesión, amplió la integración del Consejo Consultivo que analizará el destino social de los edificios, clubes y terrenos transferidos por la petrolera. A partir de la ley sancionada, ese organismo contará con la participación del gobernador de Chubut y del intendente de Comodoro Rivadavia —o los representantes que ambos designen— junto a integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
Si bien ese cuerpo tendrá carácter consultivo, el oficialismo consideró que la incorporación del municipio representa un gesto político frente a los reclamos planteados durante las últimas semanas por el intendente Othar Macharashvili.
Regularización de inmuebles
La ley también incorporó un capítulo específico para avanzar con la regularización dominial de los inmuebles ocupados por clubes, asociaciones civiles y otras instituciones comunitarias.
El procedimiento prevé relevamientos, permisos de uso y comodatos mientras se completan las transferencias definitivas. Asimismo, fija restricciones para evitar la especulación inmobiliaria: los bienes no podrán venderse, hipotecarse, cederse ni cambiar su destino durante un plazo mínimo de veinte años sin autorización expresa del Estado provincial.
Un debate atravesado por la disputa política
La aprobación del convenio llegó después de varios días de fuertes cruces entre el Gobierno provincial y el municipio de Comodoro Rivadavia por el destino de los bienes que deja YPF.
Mientras la administración de Ignacio Torres defendió el acuerdo como una oportunidad para recuperar patrimonio y destinarlo directamente a la comunidad, desde el municipio reclamaban mayor participación en las decisiones y cuestionaban la forma en que se negoció el traspaso.
Otro de los ejes de la discusión fue la cláusula de indemnidad ambiental incluida en el convenio, mediante la cual la Provincia renuncia a promover nuevos reclamos contra la petrolera por pasivos ambientales vinculados a las áreas comprendidas en el acuerdo. Ese punto fue cuestionado por sectores de la oposición, que reclamaban mayores precisiones sobre el alcance de la compensación económica frente al costo real de una eventual remediación ambiental.
Con la sanción de la ley, el Gobierno provincial quedó habilitado para avanzar con la implementación del convenio, la incorporación de los bienes al patrimonio de Chubut y la ejecución de las obras que serán financiadas con la compensación económica acordada con YPF.
