La Subsecretaria de Autotransporte Terrestre de la provincia, Jennifer Contardi, explicó los importantes cambios que se implementaron en el sistema de Boleto Estudiantil destinado a la comunidad educativa de Puerto Madryn. La funcionaria señaló que esta actualización viene a ordenar el sistema de transporte urbano y, al mismo tiempo, a otorgar un beneficio mayor a los estudiantes, docentes y auxiliares adjudicatarios.
El cambio más radical y esperado es la simplificación del trámite, ya que los beneficiarios solo tendrán que realizar la gestión una única vez durante todo el año. «Principalmente, lo que se logró con esta nueva actualización del sistema es que tengan que hacer el trámite una única vez en todo el año. Recordemos que siempre somos testigos de las largas colas que salen de la terminal y dan la vuelta todos los meses, la gente está cansada, lo hacen una sola vez», indicó Contardi.
Freno al «fraude al estado» y mal uso de recursos
Además de la agilización para el usuario, el nuevo sistema apunta a combatir el fraude y el uso ineficiente de los recursos provinciales. Contardi hizo hincapié en el problema detectado donde algunos usuarios llegaban a vender la tarjeta con el saldo remanente del boleto educativo acumulado.
«Esto se llama fraude al estado, porque recordemos que el beneficio es solo para ir a la escuela, estudiantes, docentes y auxiliares, y es personal e intransferible», enfatizó la subsecretaria. El esquema anterior permitía la acumulación de saldo no utilizado a fin de mes, lo que generaba «mucha ineficiencia a la hora de poder resguardar los recursos provinciales».
Modernización y control para sostener el beneficio
La funcionaria advirtió que la demanda del beneficio ha crecido considerablemente, con un diez por ciento más de inscripciones este año. Si se suma el aumento de la demanda al gasto generado por el mal uso, Contardi considera que llegaría un punto en el que el beneficio sería insostenible.
El nuevo esquema, implementado por la empresa de transporte urbano a pedido de la Provincia, genera modernización, agilidad para el beneficiario, y, fundamentalmente, control y transparencia para el Estado. El objetivo final es hacer un uso más eficiente del recurso para «poder llegar a más, a toda la comunidad educativa completa».
