El expresidente Mauricio Macri se presentó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como testigo en el juicio oral por la causa «Sueños Compartidos», una investigación por persunta admnistración fraudulenta en la construcción de viviendas sociales.
Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal N° 5, el exmandatario abordó los inicios del programa en la Ciudad de Buenos Aires y realizó declaraciones de fuerte impacto político al señalar al exjefe de Gabinete y expresidente, Alberto Fernández.

Señalamientos por presiones desde Nación
La declaración, solicitada por la defensa de Sergio Schoklender, se centró en el inicio de la gestión de Macri como jefe de Gobierno porteño en 2007. En ese contexto, afirmó haber recibido presiones desde el Gobierno nacional.
“Apenas asumimos, recuerdo un llamado de Alberto Fernández intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, sostuvo bajo juramento.
Sus dichos reavivan el debate sobre el rol de la administración nacional de aquel entonces en la implementación y financiamiento del programa que hoy está bajo investigación judicial.
Informes técnicos y sospechas de irregularidades
Macri explicó que la decisión de interrumpir los pagos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo se basó en reportes internos que advertían inconsistencias financieras.
En particular, mencionó un informe elaborado por quien fuera su ministro de Acción Social, Esteban Bullrich, que alertaba sobre un fuerte desfasaje entre los fondos transferidos y el avance real de las obras.
“Bullrich me dijo que no podíamos seguir pagando porque habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado”, indicó.

El eje de la causa judicial
La supuesta diferencia entre los montos abonados por el Estado y el progreso de los proyectos constituye uno de los puntos centrales de la causa, en la que están imputados Pablo y Sergio Schoklender, el exministro Julio De Vido y otros exfuncionarios.
El testimonio de Macri se suma así a una serie de declaraciones clave en un juicio que busca determinar responsabilidades en uno de los casos más resonantes vinculados a la obra pública y el manejo de fondos estatales en Argentina.














