Este martes se realizó la lectura de alegatos finales del juicio oral y público por presuntas ilegalidades y sobreprecios en la adjudicación a empresas para la reparación de escuelas en Chubut en el año 2019 que tiene como principal acusada a la ex ministro de Educación, Graciela Cigudosa. El presidente del Tribunal, Marcelo Nieto Di Biase confirmó que el miércoles de la próxima semana a las 12 se conocerá el veredicto.
Como conclusión de su exposición, el fiscal general Omar Rodriguez pidió la absolución para Ariel Hueichán y que se los declare culpables a la ex ministro de Educación de la Provincia, Graciela Cigudosa y Raúl Care.
En su introducción, el fiscal general Rodriguez aseguró que “se trata de aprovecharse de una situación de poder para una ganancia o beneficio particular o privado. Se contrapone al deber de todo servidor público, que es el del beneficio de los destinatarios de las decisiones que toma”.
Además, expresó que todas las empresas que competían, eran todas manejadas por Daniel Schmid. “Era todo falso, una puesta en escena de competencias en las adjudicaciones. Las cotizaciones, supuestamente distintas, tenían todos los mismos errores ortográficos, es decir que las hacía una sola persona. Las hacía Jorge Santucho, un maestro mayor de obras empleado de Schmid”.
Rodríguez también se refirió a las conversaciones levantadas de los celulares secuestrado a los imputados, en donde se acuerdan acciones para presentar las cotizaciones y luego la ejecución de las obras, además del escrito que intentó ocultar Schmid cuyos datos, para Rodriguez, terminaron coincidiendo con lo ventilado en juicio.
Sobreprecios
Para el fiscal Rodríguez, quedaron probados los sobreprecios en la reparación de caloramas y de tubos fluorescentes. “Cigudosa tenía conocimiento de estas situaciones. Sabia de las siete empresas creadas por Schmid para simular las compulsas de precios”, dijo el fiscal general.
Además, aseguró que el pago del 50% de anticipo que debió realizar cada director de escuelas, no estaba avalado por ninguna resolución. “Estamos frente a un fraude a la administración pública, que se produce desde adentro por un funcionario que tiene como responsabilidad administrar bienes ajenos”, expresó.
Concluyó que “hemos alcanzado un estado de certeza de que Cigudosa tenía conocimiento y que ha estado acreditado la actuación de Care”.
