La causa por daño ambiental en Punta Clara, que arrasó gravemente a una colonia de pingüinos de Magallanes, ingresó en su etapa decisiva. Este martes a la mañana se realizó la audiencia ante el Superior Tribunal de Justicia, última instancia provincial, donde la fiscal Florencia Gómez solicitó que se confirme en todos sus términos la condena contra el responsable.
“Es la última instancia a nivel provincial ante el Superior Tribunal”, explicó Gómez tras la audiencia, en la que se abordaron las impugnaciones presentadas por la defensa de Ricardo La Regina. Los planteos ya habían sido analizados previamente tanto en el juicio oral como en la Cámara Penal, donde la condena fue ratificada.
Durante la audiencia, la fiscal respondió nuevamente a los cuestionamientos: “Volvió a replicar lo mismo que ya fue evaluado por seis jueces”, señaló en referencia a la estrategia de la defensa, que insiste en desacreditar testimonios y pruebas técnicas.
Uno de los ejes del caso es el impacto ambiental provocado por movimientos de suelo que arrasaron con hábitats naturales, una situación que, según Gómez, quedó debidamente acreditada. “Cuando se levanta 60 centímetros de la capa superficial del suelo, ese daño es irreversible en muchas zonas”, remarcó, y agregó que la recuperación de la colonia afectada podría demorar más de 35 años.
La fiscal también hizo hincapié en el mensaje de fondo del proceso: “Uno puede ser dueño de un campo, pero la naturaleza no le pertenece a nadie”. En ese sentido, sostuvo que el caso marcó un precedente al establecer que la propiedad privada no habilita la destrucción de ecosistemas protegidos.
La condena, ya confirmada en instancias anteriores, establece tres años de prisión de ejecución condicional por tres hechos de daño agravado, uno de ellos en concurso con crueldad hacia animales silvestres. “Se trata de un caso de impacto ambiental con características únicas en la región”, subrayó Gómez.
Además del proceso penal, se encuentra en marcha una demanda civil impulsada por la Fiscalía de Estado para exigir la remediación del daño ambiental, mientras que organizaciones como Greenpeace y asociaciones ambientalistas participaron como querellantes.
De quedar firme el fallo, el caso podría convertirse en un precedente histórico a nivel nacional y latinoamericano en materia de delitos ambientales. No obstante, aún existe la posibilidad de que la defensa recurra a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Solicité que se rectifique la condena en todos sus términos y que quede firme”, concluyó la fiscal, a la espera de la resolución definitiva del máximo tribunal provincial.
