Cuatro empresas pesqueras radicadas en el parque industrial pesquero de Puerto Madryn quedaron bajo análisis del Ministerio Público Fiscal en una causa por presunta contaminación ambiental vinculada con el tratamiento de efluentes líquidos y residuos sólidos. Tal como adelantó ayer este portal web, la investigación se originó en 2016 y llegó recientemente a la Justicia provincial, luego de que el Juzgado Federal se declarara incompetente para continuar con el expediente.
La fiscal Cecilia Pistará confirmó que la causa fue recibida la semana pasada y que actualmente se encuentra en una instancia de evaluación de los antecedentes y las pruebas que fueron reunidas durante la investigación federal.
«Estamos en una investigación preliminar para evaluar toda esta parte de lo que nos mandaron del Federal y ver qué implicancia tienen estas cuatro empresas respecto de la contaminación ambiental», explicó.
El expediente tiene una década de recorrido. Según detalló Pistará, la investigación comenzó a partir de una publicación periodística que llegó por correo electrónico a la Fiscalía Ambiental de Buenos Aires. A partir de esa información, el organismo inició actuaciones de oficio y avanzó con distintos relevamientos.
Una causa iniciada hace diez años
Uno de los aspectos que deberá resolver ahora la fiscalía es la reconstrucción de los hechos denunciados, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones.
Pistará aclaró que la investigación debe determinar si existió un delito en las condiciones registradas en 2016, por lo que no corresponde evaluar aquellos hechos con información o mediciones actuales.
Para avanzar, los investigadores deberán revisar los expedientes remitidos por la Justicia Federal, los informes técnicos y, especialmente, los resultados de los análisis de laboratorio realizados en aquel momento.
«Fundamentalmente tiene que ver con la prueba de laboratorio, qué muestras se levantaron», señaló la funcionaria al referirse a los elementos que serán determinantes para definir los próximos pasos.
La causa involucra a cuatro establecimientos ubicados dentro del parque pesquero de Puerto Madryn. Las actuaciones apuntan a determinar si existieron prácticas que pudieran encuadrarse en la figura de contaminación ambiental prevista por la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
La Justicia provincial deberá definir si avanza la investigación
El traslado del expediente respondió a una discusión sobre la competencia judicial. Según explicó Pistará, hubo distintas instancias en las que se plantearon cuestiones de incompetencia hasta que, finalmente, la Justicia Federal resolvió remitir las actuaciones al ámbito provincial.
El argumento fue que, al no existir una afectación que involucrara a dos provincias, no correspondía que el caso continuara bajo la órbita federal.
Ahora, el Ministerio Público Fiscal deberá establecer si los elementos reunidos permiten solicitar formalmente la apertura de una investigación.
Por el momento, no hay una determinación sobre eventuales responsabilidades penales ni sobre las sanciones que podrían corresponder a las empresas. La funcionaria remarcó que primero deberán analizar el estado del expediente y la consistencia de las pruebas disponibles.
Si hay nuevos vertidos, se abrirá otra causa
Durante la entrevista, Pistará también hizo una distinción importante respecto de la posibilidad de que las prácticas denunciadas en 2016 continúen en la actualidad.
Explicó que, si se comprobara que alguna de las empresas realiza actualmente vertidos contaminantes, se trataría de un hecho nuevo, con una fecha de comisión diferente y que debería investigarse en otro expediente.
«Si se comprueba en el día de la fecha que se está realizando un vertido, sería un nuevo hecho que tendría como fecha el día de hoy», precisó.
En ese sentido, recordó que Puerto Madryn cuenta con organismos que tienen responsabilidades de control y seguimiento ambiental. Entre ellos mencionó la Dirección de Ecología y Medio Ambiente municipal y el Ministerio de Ambiente, que realizan inspecciones y relevamientos sobre los vertidos.
También señaló que las empresas deben cumplir con procedimientos específicos para el tratamiento de sus residuos y disponerlos en los lugares habilitados.
