La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrá este miércoles una instancia determinante en tribunales federales con la declaración de un testigo considerado clave para la investigación.
Se trata de Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, una de las jubiladas que figura como vendedora del inmueble ubicado sobre la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito. Su testimonio es relevante para la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita, que busca esclarecer las condiciones en las que se concretó la operación.
Uno de los puntos centrales bajo análisis es el valor de venta de la propiedad, fijado en 230 mil dólares, y especialmente el esquema de pago acordado. Según consta en la investigación, Adorni habría abonado 200 mil dólares mediante una hipoteca a un año sin intereses, una modalidad que llamó la atención de los investigadores por sus características poco habituales.
De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, también se encuentra bajo revisión el vínculo personal entre las partes. Declaraciones previas indicaron que Feijoo mantendría una relación cercana con el funcionario, dado que sus hijos comparten el mismo entorno escolar, lo que habría generado un nivel de confianza suficiente para facilitar las condiciones de financiación.
En la misma jornada, está previsto además el testimonio del encargado del edificio donde se encuentra el departamento, con el objetivo de verificar el estado en que se hallaba la propiedad al momento de la compraventa.
La investigación continuará en las próximas semanas con nuevas declaraciones. El fiscal Pollicita citó para el 6 de mayo a Leandro Miano, vinculado a la otra propietaria del inmueble, quien deberá presentarse con su teléfono celular y documentación respaldatoria de gastos relacionados con la vivienda. En tanto, la declaración del contratista Matías Tabar, encargado de realizar refacciones en una propiedad de Adorni en el country Indio Cuá, fue reprogramada para el 4 de mayo a pedido de la defensa.
El avance de estas diligencias será clave para determinar si existieron irregularidades en las operaciones patrimoniales del funcionario y definir el rumbo de la causa judicial.
