Un informe oficial del Ministerio de Capital Humano de la Nación reveló que el 59% de las personas en situación de calle relevadas en 18 provincias y la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en esa condición desde hace dos años o menos. El estudio, que buscó mapear la vulnerabilidad social en gran parte del territorio argentino, logró identificar un total de 9.421 personas habitando en espacios públicos o paradores.
Radiografía de la situación de calle en Argentina
Del universo total de personas identificadas, el organismo nacional detalló que el 83% son varones y el 92% son mayores de 18 años. Sin embargo, un dato alarmante es la presencia de 526 menores de edad (un 6% del total) viviendo en estas condiciones.
En cuanto al nivel de permanencia, los datos procesados por la cartera que conduce Sandra Pettovello indican que el 32% lleva más de dos años en la calle, mientras que el resto se divide en períodos más cortos: un 18% de uno a dos años, y un 19% entre seis meses y un año. Esto refuerza la idea de un fenómeno de exclusión creciente en el último bienio.
Educación, trabajo y cobertura social
A pesar de la precariedad de su situación, el relevamiento destaca que la población afectada mantiene ciertos vínculos con el sistema formal:
- El 90% posee DNI.
- El 53% realiza alguna actividad laboral, aunque de carácter informal.
- El 52% completó sus estudios primarios, pero no terminó el nivel secundario.
- El 56% percibe transferencias sociales y un 30% cuenta con ingresos previsionales.
Alcance del informe y discrepancias locales
El operativo no incluyó a la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero y Formosa, ya que sus gobiernos decidieron no participar. Esta ausencia genera disparidades con los datos de organizaciones sociales. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el Censo Popular de organizaciones identificó a casi 12.000 personas, una cifra superior a la que el Gobierno Nacional registró en todo el país.
Desde junio de 2025, el Gobierno nacional transfirió a las provincias y a la CABA la responsabilidad directa de asistir a estas personas, limitando el rol de Nación a la coordinación.
