El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a responder las críticas por el decreto que habilita al Gobierno nacional a realizar operaciones de financiamiento por hasta US$5.000 millones. El funcionario sostuvo que la medida «no es nueva deuda», sino un refinanciamiento de obligaciones existentes con una tasa de interés más baja.
La explicación llegó a través de su cuenta en la red social X, luego de que un usuario lo acusara de incrementar el endeudamiento del país mediante el Decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Caputo habló de un ahorro para el Estado
En su respuesta, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que el mecanismo aprobado permitirá mejorar las condiciones financieras de la deuda.
«No es nueva deuda, sino refinanciamiento, y al 6% de tasa. O sea, un ahorro enorme para los argentinos versus las tasas a las que ustedes endeudaron al país», escribió Caputo.
El mensaje respondió a una publicación que cuestionaba al Gobierno por autorizar deuda «bajo ley yanqui» por un monto de hasta US$5.000 millones.
La comparación con la gestión anterior
Durante el intercambio en redes sociales, Caputo también apuntó contra la administración kirchnerista. Según afirmó, el gobierno anterior endeudó a la Argentina por US$177.000 millones, con tasas que, según indicó, llegaron al 45% en dólares y vencimientos hasta 2030.
Además, destacó que la actual gestión ya canceló US$20.000 millones de deuda gracias al ajuste fiscal.
«Cerramos un déficit consolidado de 15 puntos del Producto Interno Bruto que heredamos del gobierno anterior», sostuvo el ministro.
Qué establece el decreto
El lunes, el Gobierno nacional oficializó el Decreto 478/2026, que autoriza operaciones de crédito público por hasta US$5.000 millones con entidades financieras internacionales.
De acuerdo con la normativa, el objetivo es reducir el costo de financiamiento del Tesoro mediante préstamos que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.
El decreto también habilita al organismo responsable de la administración financiera del Estado a incorporar cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estatales de Nueva York.
Esto implica que la Argentina renuncia a invocar inmunidad de jurisdicción ante eventuales litigios relacionados con estos contratos, aunque la norma aclara que se mantienen resguardos para proteger determinados bienes y activos del Estado nacional.
