El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad volvió a instalarse con fuerza en la agenda nacional tras su incorporación a las sesiones extraordinarias del Congreso. El objetivo del Gobierno nacional es bajar la edad de imputabilidad a 13 años y en eso se enfocará la reunión de este miércoles desde las 14 horas.
En ese contexto, el defensor público general de Chubut, Sebastián Daroca, brindó su mirada sobre una discusión que atraviesa de manera directa al sistema judicial y a las políticas públicas vinculadas a la niñez y la adolescencia.
Daroca explicó que, si bien aún no se conoce con precisión cuál será el proyecto que finalmente se trate en el Senado, el decreto que habilita el debate hace referencia de manera general a iniciativas relacionadas con el régimen penal juvenil, sin precisar edades ni alcances concretos.
Actualmente, la edad de punibilidad en Argentina se establece a partir de los 16 años. El defensor señaló que el texto con mayor avance legislativo es el que obtuvo media sanción en Diputados el año pasado y plantea una reducción a los 14 años.
Una discusión que va más allá de la edad
Desde la Defensoría Pública, Daroca remarcó que la discusión no debería centrarse exclusivamente en la edad de imputabilidad. “Lo más importante no es si se baja o no la edad, sino qué tipo de sistema penal juvenil queremos”, señaló, al tiempo que recordó que la normativa vigente data de la última dictadura militar y resulta obsoleta frente a las realidades actuales.
En ese sentido, sostuvo que el encierro, por sí solo, no constituye una solución eficaz si no está acompañado por políticas integrales de educación, salud, contención social y abordaje de consumos problemáticos. “Encerrar a un adolescente sin trabajar sobre las causas no sirve”, advirtió.
Daroca explicó que la Defensoría Pública no solo interviene en la defensa penal, sino que también tiene competencia a través de las asesorías de familia, que abordan de manera permanente situaciones vinculadas a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley.
Articulación federal y postura institucional
El titular de la Defensoría Pública de Chubut confirmó que el tema se analiza en el ámbito del Consejo Federal de Defensores y Asesores de la República Argentina, donde las distintas jurisdicciones intercambian miradas y experiencias. Allí, explicó, existe consenso en la necesidad de debatir un nuevo régimen, aunque no necesariamente en bajar la edad de imputabilidad.
Daroca recordó que el año pasado participó de reuniones en la Cámara de Diputados junto a defensores de otras provincias y funcionarios judiciales, donde se expusieron posturas críticas respecto a la baja de edad sin un fortalecimiento previo de las políticas públicas de acompañamiento.
La realidad en Chubut
En cuanto a la situación provincial, el defensor aportó datos estadísticos que muestran una disminución sostenida de la participación de adolescentes en hechos delictivos. Según detalló, en 2022 se registraron alrededor de 490 detenciones de jóvenes de entre 12 y 18 años; en 2023 la cifra bajó a 430 y en 2024 descendió a aproximadamente 300 casos.
Además, aclaró que la mayoría de las intervenciones están vinculadas a hurtos y robos sin violencia, y que los hechos de extrema gravedad son excepcionales en la provincia. “En Chubut no estamos viendo un aumento de delitos graves protagonizados por menores”, afirmó.
Recursos, capacitación y rol del Estado
Otro de los puntos centrales del debate, según Daroca, es el impacto presupuestario y operativo que implicaría una reforma del régimen penal juvenil. Algunos proyectos contemplan la creación de figuras como tutores especializados que acompañen a los adolescentes durante todo el proceso judicial, lo que requiere recursos económicos, personal capacitado y financiamiento sostenido.
En ese marco, advirtió que cualquier modificación legal debe ir acompañada de una discusión profunda sobre el rol del Estado nacional y provincial, la asignación de fondos y la capacitación de los equipos que intervienen en el sistema.
Un debate necesario, sin soluciones mágicas
Para el defensor público, la clave está en sostener una discusión amplia y responsable. “No hay soluciones mágicas”, señaló, pero destacó la importancia de poner el tema en debate público y avanzar hacia un sistema más acorde a las problemáticas actuales.
