Con la intervención de la Prefectura Naval Argentina, el país fortaleció el control de sus espacios marítimos a partir de la entrada en vigencia de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La norma estandariza criterios de detección temprana de conductas compatibles con actividades de pesca ilegal realizadas por buques extranjeros dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.
La disposición establece un criterio objetivo y uniforme para el control de la pesca ilegal desarrollada por flotas extranjeras de aguas distantes que operan en la alta mar, lo que representa un avance en la protección de los recursos marítimos nacionales.
La herramienta legal constituye un respaldo a la labor que viene realizando la Prefectura en el marco de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales, a través del Sistema Guardacostas, una tecnología destinada a centralizar y gestionar en tiempo real datos técnicos, administrativos y de movimiento de embarcaciones a nivel global.
En su carácter de autoridad nacional con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar, y como policía auxiliar pesquera, la Prefectura desarrolló un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas provenientes de diversas fuentes de información. Esto permite a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas correspondientes y, de ser necesario, iniciar procesos sancionatorios.
El procedimiento y la norma emitida por la autoridad de aplicación permiten diferenciar actividades de pesca ilegal del derecho de libre navegación que asiste a los buques extranjeros conforme al derecho internacional, posibilitando actuar en consecuencia para la defensa de los recursos e intereses nacionales.
Desde la fuerza señalaron que la aplicación de la ley no se limita al seguimiento de información estática de los buques, sino que incluye la detección de patrones y comportamientos que funcionan como indicadores de posibles actividades ilegales, consolidando prácticas jurídicas y operativas de control reconocidas a nivel internacional.
