Diez personas fueron imputadas por presuntamente integrar una red de apuestas ilegales que operaba mediante plataformas virtuales y redes sociales. Según la investigación de la UFECyED, cumplían el rol de “cajeros” dentro de la estructura y utilizaban billeteras virtuales para recibir y distribuir el dinero de las apuestas.
La investigación surgió a partir de una denuncia presentada por el Instituto de Asistencia Social (IAS) ante la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) del Ministerio Público Fiscal del Chubut.
Durante cuatro audiencias realizadas este viernes en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza de garantías Eve Ponce dispuso la apertura de la investigación preparatoria respecto de las diez personas involucradas.
¿Qué hacían los “cajeros”?
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los imputados habrían cumplido una función específica dentro de la estructura: recibir y distribuir el dinero relacionado con las apuestas.
Para hacerlo, utilizaban billeteras virtuales y cuentas electrónicas que permitían canalizar los fondos, tanto para el ingreso como para el egreso del dinero.
La investigación sostiene que los diez habrían actuado como “cajeras y cajeros” ilegales de una red que utilizaba redes sociales y plataformas virtuales creadas para captar apuestas.
La Fiscalía deberá determinar ahora cuál fue el grado de participación de cada una de las personas imputadas y cómo se articulaba la estructura.
Una red que funcionaba a través de plataformas virtuales
Según la acusación, las apuestas se realizaban mediante distintas plataformas clandestinas de juegos de azar, sin autorización del Instituto de Asistencia Social, organismo encargado de regular y controlar esta actividad en la provincia.
La estructura se habría complementado con redes sociales, billeteras virtuales y cuentas electrónicas utilizadas para movilizar el dinero. Por el momento, la información oficial no especificó públicamente los nombres de las plataformas utilizadas ni determinó si se trataba exclusivamente de juegos de casino online, apuestas deportivas u otras modalidades de juegos de azar.
Ese aspecto forma parte de la investigación que continuará durante los próximos seis meses.
¿Qué delito se investiga?
La Fiscalía encuadró los hechos en el artículo 301 bis del Código Penal, que establece sanciones para quien explote, administre, opere u organice, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad de captación de juegos de azar sin autorización de la autoridad competente.
La normativa alcanza tanto a actividades desarrolladas en lugares físicos no habilitados como a modalidades de apuestas realizadas a través de plataformas virtuales.
En este caso, la acusación sostiene que los diez imputados habrían participado en la operación de la estructura como cajeros, dentro de una red que utilizaba medios electrónicos para manejar los fondos.
Son de Comodoro Rivadavia y Esquel
Las diez personas investigadas son oriundas de Comodoro Rivadavia y Esquel.
Los imputados participaron de las audiencias de manera remota a través de Zoom. En tres de los casos estuvieron representados por defensores particulares, mientras que los restantes fueron asistidos por defensores oficiales.
La Fiscalía estuvo representada por la fiscal general Eugenia Domínguez, a cargo de las investigaciones, junto con la funcionaria de Fiscalía Ruth Saigg. El Estado provincial, a través del Instituto de Asistencia Social, es considerado víctima en el proceso y está representado por la Fiscalía de Estado.
Seis meses para avanzar con la investigación
Con la apertura de la investigación preparatoria comienza ahora una nueva etapa del proceso judicial.
Durante los próximos seis meses, la Fiscalía buscará profundizar la información reunida y determinar cómo funcionaba la presunta red, cuál era el rol concreto de cada imputado y qué movimientos de dinero se realizaron a través de las cuentas y billeteras virtuales investigadas.
También resta establecer el alcance de la estructura y si existen otras personas vinculadas a la organización.mPor ahora, los diez imputados se encuentran bajo investigación y rige para todos ellos el principio de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
