El Gobierno nacional aprobó una modificación en el esquema salarial de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, tras el anuncio realizado por el presidente Javier Milei. La medida fue oficializada a través del decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, y no alcanzará al propio jefe de Estado ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Según se detalla en la normativa, el esquema salarial de los altos cargos se encontraba congelado desde diciembre de 2023. No obstante, el decreto no precisa el porcentaje del aumento que comenzarán a percibir los funcionarios alcanzados por la medida.
El decreto establece que, a partir de este mes, se trasladará a las retribuciones de los ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios de rango equivalente el porcentaje acumulado de los aumentos salariales negociados por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Dichos convenios fueron aprobados en distintas fechas entre enero de 2024 y julio de 2025.
Asimismo, la norma aclara que los incrementos dispuestos no tendrán carácter retroactivo y que no serán de aplicación para los cargos de Presidente de la Nación y Vicepresidente de la Nación.
Congelamiento salarial
En paralelo, el decreto instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a implementar un nuevo sistema de empleo público en el ámbito del Sector Público Nacional. En ese marco, se solicitó avanzar en modificaciones vinculadas a los mecanismos de ingreso por mérito, la evaluación periódica del desempeño, la movilidad basada en competencias y los esquemas de remuneración asociados a la responsabilidad y las funciones, garantizando la transparencia, la igualdad de oportunidades y la profesionalización de la dotación.
En los considerandos, el Gobierno fundamentó la decisión en el tiempo transcurrido desde el congelamiento salarial y en el saneamiento de las cuentas públicas logrado durante la gestión. En ese sentido, se destacó que se acumularon 22 meses de superávit fiscal y que el programa económico permitió una estabilización de la situación económica, financiera y social hacia fines de 2025.
No obstante, el decreto incorpora una cláusula que condiciona la vigencia de los aumentos. En caso de que el Ministerio de Economía constate públicamente la existencia de un déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones quedarán automáticamente congeladas y se suspenderá la aplicación de nuevos incrementos, incluso aquellos que ya hubieran sido aprobados.
La normativa precisa que la suspensión operará de pleno derecho, sin necesidad de dictar un acto administrativo, y se mantendrá vigente hasta que se restablezca un resultado fiscal financiero superavitario. Además, se facultó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a reglamentar las disposiciones necesarias para la implementación de la medida.
