El Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos, a cargo del magistrado Fernando Zanetta, investiga el supuesto plan de una alumna de 13 años para realizar un tiroteo contra compañeros y docentes del Colegio Secundario N° 25. La situación fue detectada a partir de conversaciones mantenidas por la adolescente a través de WhatsApp.
Ante la gravedad de la situación, el Consejo Provincial de Educación (CPE) intervino el viernes y dispuso separar a la menor de la presencialidad. Además, el organismo educativo envió equipos de Abordaje al establecimiento para brindar contención institucional a los alumnos y a las familias afectadas.

La medida de apartar a la adolescente de las clases presenciales fue comunicada tanto a sus padres como a las autoridades de Niñez. Mientras tanto, la Justicia inició una investigación para determinar el alcance del plan y las circunstancias que rodearon su elaboración.
La información surgió a partir de los chats que la menor mantenía con otro usuario. En esas conversaciones habría detallado distintas etapas de lo que pretendía ser un ataque contra integrantes de la comunidad educativa.

La persona que recibió los mensajes advirtió la gravedad de lo que estaba leyendo y decidió difundir capturas de pantalla. También habría alertado directamente a los jóvenes que aparecían en una denominada “lista de blancos” confeccionada por la adolescente.

Según trascendió, entre los nombres seleccionados figuraban integrantes del cuerpo docente y alumnos del mismo curso. Para llevar adelante el ataque, uno de los principales objetivos habría sido apoderarse del arma de fuego reglamentaria del padre de una compañera, quien es integrante de las fuerzas de seguridad.
La circulación de las capturas entre los teléfonos celulares de los estudiantes generó preocupación entre las familias. Ante la evidencia digital, un grupo de padres se presentó en la División Comisaría Segunda de Río Gallegos, mientras que las autoridades del Colegio Secundario N° 25 realizaron una denuncia institucional.

A partir de esas presentaciones se produjo la intervención de la Justicia. La investigación deberá determinar ahora qué grado de avance tenía el supuesto plan y cuáles eran las circunstancias que llevaron a la adolescente a elaborar las amenazas.

De acuerdo con lo que trascendió, la menor habría elaborado el entramado junto a un compañero y habría manifestado ser víctima de reiteradas situaciones de acoso escolar. Este elemento forma parte del contexto que deberá ser analizado durante la investigación, aunque no justifica el supuesto plan de violencia contra alumnos y docentes.
El caso generó especial preocupación en Río Gallegos debido a que la ciudad ya había atravesado una situación similar durante abril de este año. En aquella oportunidad se realizaron operativos policiales a raíz de amenazas de tiroteos escritas en pintadas dentro de los baños de distintos establecimientos educativos.














