A partir de este viernes vence la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en el prolongado conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio que nuclea a los controladores aéreos. La tregua administrativa, dispuesta el pasado 23 de diciembre, logró desactivar momentáneamente las medidas de fuerza, pero no permitió aún resolver la disputa paritaria con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Según fuentes del sector, este mismo viernes se llevará a cabo una nueva audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, prevista para las 11.15, en la que podría resolverse una prórroga de la conciliación por una semana más. La posibilidad de extender el plazo aparece como una alternativa concreta frente a la amenaza del gremio de retomar acciones gremiales en el corto plazo.
“En el marco del conflicto gremial entre EANA y ATEPSA, y ante el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada oportunamente por la Secretaría de Trabajo, hoy se realizará una nueva audiencia, existiendo la posibilidad de prorrogarla por cinco días hábiles más”, indicaron fuentes vinculadas a la negociación.
Desde la empresa estatal sostienen que, pese a lo que definen como una postura “permanente de intransigencia” del gremio, EANA continúa trabajando para destrabar el conflicto. “Se está trabajando ininterrumpidamente con el objetivo de garantizar la normalidad en la operación de los vuelos en plena temporada alta de verano”, remarcaron.
En ese sentido, desde la compañía ratificaron su disposición al diálogo. “EANA mantiene su voluntad de apertura para seguir negociando y llegar a una solución, ya que considera que la posición beligerante de ATEPSA no busca mejores condiciones laborales, sino generar daño”, afirmaron.
Un punto central del conflicto es que EANA no define de manera autónoma la paritaria. Al tratarse de una empresa estatal, los aumentos salariales dependen de la pauta que fija Empleo Público, organismo que se encuentra bajo la órbita de Maximiliano Fariña. Esta limitación complejiza la negociación directa y prolonga el conflicto.
Desde fuentes oficiales recordaron además que los Servicios de Navegación Aérea que presta EANA están considerados esenciales por ley. Esto implica que ATEPSA no puede convocar a un paro de manera inmediata: cualquier medida de fuerza debe presentarse con al menos cinco días de anticipación y no puede afectar a más del 45% de las operaciones aéreas. Asimismo, mientras la conciliación obligatoria esté vigente, las acciones gremiales quedan legalmente prohibidas.
La normativa laboral contempla la posibilidad de otorgar una prórroga de cinco días hábiles adicionales a pedido de la empresa estatal, mecanismo que busca agotar las instancias de diálogo antes de que el gremio, encabezado por su secretaria general Paola Barritta, recupere la potestad de realizar asambleas o paros que podrían comprometer el flujo de pasajeros en uno de los momentos de mayor demanda del año.
El conflicto no es nuevo. En julio del año pasado, en la antesala de las vacaciones de invierno, ya se había dictado una conciliación obligatoria para frenar un esquema de protestas. En agosto, sin embargo, se concretaron tres jornadas de paro nacional, que derivaron en un acuerdo transitorio con una recomposición salarial del 15% en cuatro tramos.
En noviembre, ATEPSA retomó las medidas de fuerza con nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y la paralización total de capacitaciones técnicas y tareas de mantenimiento de infraestructura. En diciembre, el plan de lucha escaló y afectó vuelos de pasajeros durante dos jornadas consecutivas, lo que llevó a la actual conciliación obligatoria que expira este viernes.
La disputa también llegó a los tribunales federales. La Justicia investiga, por un lado, un presunto fraude administrativo vinculado a la validez de un acta paritaria de fines de 2023. En ese expediente se analiza la responsabilidad de la ex presidenta de EANA, Gabriela Logatto, y de Paola Barritta, ante la supuesta existencia de un documento que establecía aumentos anticipados para 2024, el cual no figura en los registros oficiales de la empresa.
Por otro lado, EANA presentó denuncias penales contra el gremio por acciones que habrían puesto en riesgo la seguridad operacional, entre ellas la colocación de elementos sindicales en torres de control que podrían haber interferido con la visibilidad y el normal funcionamiento técnico.
El vencimiento de la conciliación obligatoria coloca al Gobierno en una encrucijada estratégica. Mientras el área económica sostiene una política de austeridad, la operatividad del transporte aéreo depende de un recurso humano altamente especializado y difícil de reemplazar. La eventual reactivación del conflicto otorgaría a los controladores aéreos un margen de acción capaz de comprometer la estabilidad de la aviación civil y comercial en todo el país, en un contexto marcado por la alta demanda turística y la sensibilidad del sistema aéreo argentino.
