Un abogado de Comodoro Rivadavia identificado como “F. C.” fue denunciado por sus colegas del Colegio de Abogados, y por la jueza Iris Pacheco, dado que no solo se desempeñaba en el juzgado a cargo de la magistrada, sino que también ejercía la profesión de manera particular, lo cual se encuentra prohibido por la ley. Como si ello fuera poco, el letrado es docente de la cátedra de Ética y Deontología Profesional en la Tecnicatura Universitaria en Martillero Público, que se dicta en la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”.
Según se indicó, diversos elementos -audios telefónicos, registros informáticos, entre otros- constituyeron la prueba a partir de la cual el abogado terminó siendo exonerado del Poder Judicial, a partir de una Resolución emitida por los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Camila Banfi y Daniel Báez. Se estableció que “F. C.” faltó al decoro y a la Ley de Ética Pública al continuar atendiendo a clientes de manera particular, en simultáneo a su función como Secretario de un Juzgado Laboral.
Profesor de Ética
Sumado a ello, el STJ notificó a la Universidad Nacional de la Patagonia, para que las autoridades evalúen contra el docente exonerado del Poder Judicial y que dictaba la materia Ética y Deontología Profesional en dicha Casa de Altos Estudios.
La situación de “F. C.” podría complicarse aún más, ya que la Fiscalía investiga si, como funcionario judicial, el abogado accedía a información clasificada de las causas a cambio de una remuneración. De comprobarse, la conducta encuadraría dentro del presunto delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”.
La Resolución de Superintendencia Administrativa 10.170/2023 que emana del STJ con fecha del 5 de septiembre, detalla los pormenores de la causa y cómo, presuntamente, el abogado les solicitaba a clientes “dinero para trámites judiciales, y que tenían un audio que así lo acreditaba, y testigos que darían cuenta de lo sucedido”.
Ingresos a expedientes
La titular del Juzgado Laboral N°2 de Comodoro Rivadavia -y jefa del letrado-, Iris Pacheco, advirtió la situación al Superior Tribunal y ello dio inicio a la investigación, que transitó por todos los estadios de un sumario administrativo contra el abogado. La reunión de elementos probatorios se extendió desde junio hasta agosto de este año, y luego se dispuso la suspensión preventiva del acusado, por 45 días corridos y sin goce de haberes “en razón a la naturaleza del hecho investigado y el peligro de entorpecimiento durante el proceso sumarial”.
Una vez cumplido ese plazo, la suspensión se prolongó durante otros 45 días hasta el 14 de agosto pasado, cuando finalizó la instrucción en la que se cotejaron todos los mensajes de audio ofrecidos como prueba con el número telefónico del abogado. Además, la Secretaría de Informática Jurídica, determinó que el hombre posee un usuario activo en el sistema Serconex, habilitado para realizar consultas de expedientes y que, entre el 3 de junio de 2022 hasta el 23 de mayo de 2023, registró 1.463 interacciones y, al menos, 69 consultas a expedientes en trámite en los diferentes fueros de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia.
Como dato adicional -y determinante-, se constató que la dirección IP desde la que se conectaba el abogado era la su estudio jurídico, en el cual también trabaja su hermano. Si bien el acusado calificó de “falso” lo vertido por uno de sus clientes y posteriormente testigo y aportante de información, pero no logró sustentar la desmentida con documentación de respaldo.
El abogado, en situación “irregular”
La conclusión del sumario fue que “F. C.” “se colocó unilateral y voluntariamente, en una situación absolutamente irregular frente a sus obligaciones como funcionario del Juzgado Laboral N°2”, dado que “oficiaba como abogado particular” a la vez que “continuaba siendo abogado de los clientes que expresó había transferido a su hermano” «N.C»”.
Esto último, ya que “gestionaba dinero para la continuidad de los juicios o para sí, es decir, la labor propia de un profesional del derecho en su ejercicio privado o particular, en contraposición con los derechos y obligaciones adquiridas al momento de ser nombrado como Secretario de Refuerzo del Juzgado Laboral N° 2 de Comodoro Rivadavia”, reza el texto del documento.
De manera contundente y lapidaria, Banfi y Báez expresaron en la Resolución: “Una administración de justicia cuya aplicación estuviese en manos de individuos de comportamiento social reprobable carecería de credibilidad y de autoridad moral e institucional”.
Dos nuevas investigaciones
Como corolario del derrotero del abogado, plasmado en el sumario administrativo, dos situaciones fueron notificadas al Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, por la presunta comisión de delitos, las cuales derivaron en dos investigaciones: la primera, por “negociaciones incompatibles” y, la segunda por la presunta infracción al Artículo 154 del Código Penal Argentino.
Este último establece que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el empleado de correos o telégrafos que, abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto”, en lo que refiere, en términos jurídicos, a una violación de correspondencia calificada por el sujeto activo.
