La causa por la muerte de tres perros en Rawson avanzó hacia una nueva instancia judicial y podría convertirse en un caso testigo a nivel provincial y nacional. La fiscal especializada en Ambiente y Delito Contra los Animales, Florencia Gómez, confirmó que la investigación fue elevada a juicio y que existe un imputado que deberá responder ante la Justicia por los hechos ocurridos.
Para la representante del Ministerio Público Fiscal, se trata de un episodio de extrema gravedad no solo por la muerte de los animales, sino por el método empleado para concretar el ataque. “No solamente se atentó contra la vida de tres seres sintientes, sino que también se atentó contra la salud pública”, sostuvo Gómez.
Según explicó la fiscal, las pericias determinaron que los cebos utilizados contenían carbofurán, un poderoso agroquímico cuya comercialización, venta y utilización está prohibida en Argentina desde 2018. La prohibición fue establecida tras registrarse antecedentes fatales en el país vinculados a esta sustancia.
“Casualmente se prohibió porque hubo un antecedente con la muerte de dos niños en el norte del país. Es un químico que puede ingresar al organismo por consumo, contacto dérmico e inhalación”, explicó.
La funcionaria judicial remarcó que el uso de este producto no solo puso en riesgo a los animales afectados, sino también a vecinos, niños y cualquier persona que hubiera tenido contacto con los cebos contaminados.
Siete horas de agonía
Uno de los aspectos más impactantes de la investigación surgió de las necropsias realizadas a los animales. De acuerdo con los informes periciales, los perros habrían sufrido durante varias horas antes de morir.
“Se generó un sufrimiento totalmente innecesario. Durante aproximadamente siete horas estos animales estuvieron sometidos a una agonía extrema antes de fallecer”, señaló Gómez.
La Fiscalía sostiene que la crueldad del hecho se ve agravada por la forma en que fue ejecutado y por el peligro generado para el resto de la comunidad.
Pruebas
Durante la investigación, la defensa intentó desvincular al acusado de los hechos y cuestionó la existencia de pruebas suficientes para sostener la acusación.
Sin embargo, la jueza que intervino en la etapa preliminar consideró que existen elementos contundentes para avanzar hacia el juicio oral.
Entre las evidencias reunidas por la Fiscalía figuran testimonios, registros de cámaras de seguridad, análisis de antenas de telefonía celular, estudios periciales y videos obtenidos por cámaras urbanas.
“Tenemos muchísimos elementos que ubican a esta persona en el lugar y en el momento del hecho”, afirmó la fiscal.
La investigación también reveló que el daño provocado por el veneno trascendió a los perros afectados. Durante los trabajos periciales se encontraron otros animales muertos en la zona.
“Encontramos insectos muertos, aves muertas y otros indicios que muestran el enorme impacto ambiental que generó esta sustancia”, indicó.
Por ese motivo, la acusación incluye no solo el delito de crueldad animal, sino también infracciones vinculadas a la Ley de Residuos Peligrosos (24.051).
Un riesgo latente para niños y vecinos
La Fiscalía sostiene que los cebos envenenados no fueron arrojados únicamente dentro de la propiedad vinculada al imputado, sino también en terrenos linderos y espacios donde circulaban familias.
La situación encendió una señal de alarma porque en las inmediaciones viven menores de edad.
“Por una cuestión de fortuna no estamos hablando de una tragedia mucho mayor. Había niños muy pequeños viviendo cerca de los lugares donde aparecieron los cebos”, advirtió Gómez.
La fiscal recordó que el carbofurán es tan letal que una de las perras afectadas apenas logró caminar unos metros tras consumir el producto antes de desplomarse y morir.
La Unidad Fiscal solicitó una pena de cuatro años de prisión, mientras que la querella requirió una condena de cinco años y tres meses.
Ahora será la Oficina Judicial la encargada de fijar la fecha del juicio y designar al magistrado que tendrá a su cargo el debate.
