El mercado de trabajo formal en Argentina muestra cifras alarmantes a cuatro meses de la entrada en vigencia de la Reforma Laboral. Según la primera edición del Monitor del Instituto Argentina Grande (IAG), se perdieron 36.000 empleos registrados y cerraron 6.905 empresas en todo el país. La normativa, impulsada bajo la premisa de dinamizar la contratación y fomentar la creación de firmas, ha contrapuesto sus objetivos con la realidad del sector productivo.
Un impacto generalizado en el empleo y las pymes
El deterioro del empleo privado formal acumula 13 meses consecutivos de números negativos, alcanzando un total de 241.200 puestos destruidos desde finales de 2023. La retracción afecta a casi todas las ramas de actividad económica, incluyendo sectores tradicionalmente dinámicos como la minería, la industria del petróleo e intermediación financiera, lo que coincide con análisis recientes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA sobre el bajo nivel de contratación.
En el plano empresarial, el informe califica la situación como un récord histórico: en total, cerraron 31.342 empresas en el país desde el inicio de la actual gestión, perdiéndose 709 firmas tan solo en el último mes relevado. La crisis golpea severamente a las pymes, registrándose un recorte del -6,8% en firmas de 1 a 10 trabajadores. A nivel territorial, la caída afecta a 23 de las 24 jurisdicciones, concentrándose el mayor impacto en Cuyo y las provincias del Norte.
Indicadores de la Reforma Laboral y salarios a la baja
Las herramientas incorporadas con la Reforma Laboral, como la extensión del período de prueba y la implementación del banco de horas, no han demostrado ser incentivos suficientes para estimular la generación de empleo registrado. Paralelamente, la tasa de entrada de nuevos trabajadores al mercado se redujo al 1,6%, empujando la desocupación al 7,9%, la subocupación al 11,5% y la informalidad laboral al 45%, la cifra más alta en la serie de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Por último, en términos de ingresos, los salarios del sector privado registrado registran una pérdida del poder adquisitivo real acumulada del 3,7% en comparación con el promedio de finales de 2023, brecha que asciende al 8% si se toma en cuenta el IPC actualizado. En el sector público nacional, la caída de las remuneraciones alcanza un 37,8% real en el mismo lapso.
