La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que el Estado Nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires indemnicen a las víctimas de la Masacre de Carmen de Patagones. Con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó por inadmisibles los recursos presentados por el Ministerio de Seguridad (en representación de Prefectura Naval) y por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
El fallo ratifica la condena por daños y perjuicios en la causa impulsada por la madre de Sandra Núñez, una de las tres víctimas fatales del trágico hecho ocurrido en la vecina localidad bonaerense, fuertemente vinculada a la comarca viedmense y a la Patagonia.
La responsabilidad estatal en la Masacre de Carmen de Patagones
La resolución judicial ratifica los argumentos dictados por la Justicia Federal de Bahía Blanca en las instancias previas. Según la aplicación del artículo 1117 del Código Civil vigente al momento del hecho, las autoridades educativas son responsables por los daños sufridos por los alumnos menores de edad mientras se encuentren bajo su control, a menos que se pruebe un caso fortuito.
En este sentido, la investigación judicial demostró fallas severas en el accionar institucional frente a la Masacre de Carmen de Patagones:
- Falta de diligencia: Las autoridades escolares no dieron una respuesta adecuada a los problemas de conducta que manifestaba el agresor.
- Alertas ignoradas: Los sumarios administrativos a los docentes probaron que varios miembros del establecimiento habían advertido que la conducta del menor era alarmante y peligrosa para el resto de los alumnos.
- Ausencia de medidas: A pesar de los avisos, la institución educativa no tomó medidas de prevención o resguardo antes de la balacera.
El rol de la Prefectura Naval
Por otro lado, la demanda civil apuntó de manera directa contra la Prefectura Naval Argentina. El adolescente responsable del ataque, Rafael «Juniors» Solich, quien tenía 15 años al momento del hecho, era hijo de un efectivo de dicha fuerza. El joven utilizó el arma reglamentaria de su padre para cometer los crímenes dentro de la institución, lo que determinó la corresponsabilidad del Estado Nacional por la falta de custodia del armamento oficial.
Antecedentes y la búsqueda de justicia en la Patagonia
El ataque ocurrió en la mañana del 28 de septiembre de 2004 en la Escuela de Enseñanza Media Nro. 202 «Islas Malvinas». Tras el izamiento de la bandera, Solich se paró frente a sus compañeros de primer año del Polimodal, desenfundó el arma y vació un cargador de forma indiscriminada. El saldo fue de tres estudiantes fallecidos y otros cinco heridos. Debido a su edad, el agresor fue declarado inimputable por la justicia de menores.
La reciente resolución de la Corte Suprema se suma a un pronunciamiento similar emitido el año pasado en favor de los familiares de Federico Ponce, otra de las víctimas fatales. En tanto, la familia de Evangelina Miranda, la tercera adolescente fallecida en la Masacre de Carmen de Patagones, obtuvo un fallo de primera instancia en octubre de 2024 en su respectiva demanda, continuando el camino hacia el cierre definitivo de los reclamos civiles en la región.
