Una licenciada en obstetricia del Hospital de Rawson fue imputada por el presunto delito de lesiones graves culposas, en el marco de una investigación por una posible mala praxis médica durante la colocación de un dispositivo anticonceptivo subdérmico. La paciente, una joven de 22 años y madre de una niña, sufrió una necrosis en su brazo izquierdo y posteriormente debió ser intervenida para que le retiraran el dispositivo.
La decisión fue tomada por la jueza de garantías Laura Martini, quien dispuso la apertura formal de la investigación por el plazo legal de seis meses. La solicitud fue presentada por la abogada de Fiscalía Daiana Sandoval, en representación de la Fiscalía de Rawson. El fiscal general a cargo de la investigación es Leonardo Cheuquemán Levill.
Según la exposición realizada durante la audiencia, el hecho ocurrió el 20 de marzo pasado, cuando V.T. concurrió al Hospital de Rawson para colocarse un dispositivo anticonceptivo subdérmico. La profesional señalada, identificada por sus iniciales L.R., habría actuado con negligencia durante el procedimiento.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la obstetra habría utilizado una sustancia que hasta el momento no pudo ser identificada en lugar de lidocaína, la anestesia habitualmente empleada para este tipo de prácticas. Como consecuencia, la paciente desarrolló una necrosis en el brazo izquierdo, lo que obligó a una posterior intervención médica para retirar el implante anticonceptivo.
Las consecuencias para la paciente
Durante la audiencia, la joven también expuso las consecuencias personales que tuvo lo ocurrido. Entre ellas, señaló que la lesión afectó los trámites y exámenes médicos que estaba realizando para ingresar a la Policía de la Provincia.
Además, hizo referencia a otras dificultades vinculadas con su relación con los profesionales de la salud a partir de lo sucedido.
Qué pruebas tiene la Fiscalía
En la audiencia, Sandoval detalló los elementos reunidos hasta el momento para avanzar con la investigación. Entre las evidencias mencionó historias clínicas, informes forenses y testimonios de profesionales del Hospital de Rawson, médicos forenses y familiares de la víctima.
También se incorporaron otras pruebas obtenidas durante un allanamiento realizado en el hospital con posterioridad al hecho investigado.
Por su parte, el abogado Emilio Galende, quien interviene como codefensor de la profesional imputada, no se opuso a la apertura de la investigación ni presentó objeciones respecto de la calificación legal propuesta por la Fiscalía.
Finalmente, ante la falta de planteos de la defensa, la jueza Laura Martini habilitó la investigación por un plazo de seis meses. Además, instó a las partes a evaluar la posibilidad de alcanzar alguna solución alternativa para resolver el caso.
La investigación buscará determinar las circunstancias en las que se realizó el procedimiento médico y las eventuales responsabilidades penales de la profesional involucrada.
