Más de 50 personas se acercaron al municipio de Puerto Madryn para consultar los requisitos y comenzar a reunir la documentación necesaria para trabajar con aplicaciones de transporte, en el marco de la ordenanza que regula esta modalidad. Así lo confirmó Néstor Siri, coordinador de Tránsito y Transporte de la ciudad, quien advirtió en FM Del Viento que los controles alcanzarán a quienes presten el servicio sin haber iniciado los trámites correspondientes.

La implementación de la normativa avanza mientras el municipio trabaja en ajustes para definir las condiciones definitivas de funcionamiento. El objetivo, según explicó el funcionario, es ordenar la actividad y establecer requisitos que permitan equiparar las condiciones de los conductores que operan mediante plataformas con las que deben cumplir los taxis y remises.
La discusión cobra relevancia ante la proximidad de la temporada de cruceros y del verano, períodos en los que aumenta la circulación de visitantes y la demanda de traslados. Sin embargo, Siri aclaró que la regulación no responde exclusivamente a la llegada de turistas: las aplicaciones de transporte llegaron para instalarse de manera permanente y el municipio busca incorporarlas al sistema local.

“Hay más de 50 personas que se han ido acercando ya para acomodar lo que sería la documentación y conocer los requisitos que estamos pidiendo”, señaló durante una entrevista radial.
Qué pasará con los conductores que no se registren
Uno de los puntos centrales es cómo se aplicará la ordenanza durante el período de adecuación. Siri explicó que, si los inspectores detectan un vehículo que presta servicios mediante una aplicación sin haber pasado por la Dirección de Transporte ni iniciado los trámites exigidos, podrá considerarse que está desarrollando una actividad irregular.
En esos casos, el municipio podrá proceder al secuestro del vehículo, que quedará a disposición del juez de Faltas. Será esa autoridad la que evalúe las circunstancias del caso y determine la sanción que corresponda, incluidos los eventuales atenuantes que pueda presentar el conductor.
El funcionario diferenció la situación de quienes ya comenzaron a cumplir con los requisitos de la de aquellos que continúan trabajando sin acercarse al municipio ni manifestar intención de registrarse.

La ordenanza estableció un plazo de adecuación de 180 días. Ese período, explicó Siri, genera una etapa de transición en la que conviven conductores que ya avanzaron con la documentación y otros que todavía no iniciaron el proceso.
“Para comparar esos dos casos, el que estaría en una situación extrema y con riesgo sería aquel que no se ajustó a nada”, sostuvo.
La aplicación de las sanciones, por lo tanto, estará vinculada con el cumplimiento de las exigencias previstas y con la evaluación que realicen las autoridades competentes. Siri remarcó que el municipio busca que los interesados comiencen los trámites cuanto antes para evitar situaciones de irregularidad.
El Ejecutivo quiere modificar algunos requisitos
En paralelo con la implementación de la ordenanza vigente, el Ejecutivo municipal trabaja en una propuesta para revisar determinados aspectos de la regulación. Siri indicó que algunas modificaciones podrían resolverse mediante disposiciones administrativas, mientras que otras requerirían una nueva intervención del Concejo Deliberante.
Entre los puntos bajo análisis figura la antigüedad permitida para los vehículos. El coordinador recordó que para taxis y remises existe un límite de diez años, mientras que la ordenanza que regula las aplicaciones establece otro plazo.
La intención del municipio es acercar las condiciones exigidas a los conductores de las distintas modalidades de transporte, de modo que las plataformas no operen bajo requisitos sustancialmente diferentes de los que rigen para los servicios tradicionales.

También se revisan cuestiones vinculadas con los seguros, las tasas y otros aspectos impositivos, además de las condiciones de relación entre las empresas propietarias de las aplicaciones y el municipio.
Siri aclaró que todavía no hay definiciones definitivas sobre todos esos puntos. Las propuestas deberán ser evaluadas por los asesores legales y, según corresponda, resueltas por el Ejecutivo o tratadas por el Concejo Deliberante.
“No estamos diciendo que la ordenanza no es la correcta, sino que siempre hay algún ajuste por hacer”, explicó.
La temporada de cruceros, con taxis en el espacio reservado
La llegada de los cruceros plantea una demanda adicional para el transporte de pasajeros, especialmente por los traslados de turistas que llegan a la ciudad por algunas horas y necesitan movilizarse hacia distintos puntos.
En ese escenario, Siri confirmó que durante la temporada se mantendrá el esquema habitual de espacio reservado para taxis. No obstante, reconoció que algunos visitantes podrían buscar alternativas mediante aplicaciones, una posibilidad que el municipio contempla mientras termina de organizar la implementación del nuevo sistema.
El funcionario señaló que el objetivo es que el servicio pueda comenzar a funcionar con la mayor rapidez posible, pero dentro de las condiciones establecidas por la normativa y de las modificaciones que eventualmente se aprueben.
Por eso, el trabajo actual comprende tanto la recepción de documentación como la organización interna del área de Transporte y la revisión de los aspectos que necesitan una definición administrativa o legislativa.
Una regulación que busca acelerar su implementación
Siri aseguró que el municipio trabaja en el tema desde la sanción de la ordenanza y que la intención es evitar que el proceso se extienda más de lo necesario. Según explicó, hay personas interesadas en regularizar su situación y esa respuesta podría contribuir a acortar los tiempos de implementación.
El funcionario sostuvo que el desafío es lograr que las aplicaciones puedan operar de manera funcional, sin generar inconvenientes para los distintos actores del sistema de transporte.
La discusión se desarrolla, además, con un calendario legislativo acotado y con la necesidad de definir qué aspectos pueden resolverse mediante decisiones del Ejecutivo y cuáles requieren una modificación normativa.














