El procurador general del Chubut, Jorge Miquelarena, consideró necesario adecuar la legislación penal para responder a los delitos cometidos mediante nuevas tecnologías, en especial aquellos que involucran el uso de inteligencia artificial para generar o difundir material sexual. “Hay que buscar tipos penales más específicos”, afirmó a Canal 12 durante las Jornadas de Juicio por Jurado y Violencia de Género, realizada en Puerto Madryn.
La advertencia se produjo en un contexto de creciente preocupación por el uso de herramientas digitales para vulnerar la intimidad y producir contenidos sexuales sin consentimiento. Consultado por un caso conocido recientemente en la ciudad, Miquelarena sostuvo que la problemática excede a Chubut y forma parte de una agenda que comparten los ministerios públicos fiscales de todo el país.
El funcionario explicó que, desde el Consejo Federal de Política Criminal, se trabaja en redes de cooperación entre especialistas de distintas jurisdicciones para mejorar las investigaciones y establecer estrategias frente a delitos que, por sus características, suelen superar los límites territoriales.
“Este tipo de delitos hoy en día no tiene fronteras”, señaló. Como ejemplo, describió situaciones en las que una víctima puede encontrarse en Puerto Madryn, mientras que el presunto autor opera desde otra provincia, el dinero circula por billeteras virtuales de distintos países y los servidores utilizados están alojados en el extranjero.
Esa dispersión, explicó, dificulta las investigaciones cuando cada organismo actúa dentro de sus propias competencias administrativas. Por eso, destacó la necesidad de conformar equipos fiscales que trabajen de manera coordinada y compartan información.
El desafío de investigar delitos digitales
Miquelarena mencionó una investigación por una estafa de un monto elevado contra una mujer en Puerto Madryn, en la que participaron fiscales de cinco provincias. Según indicó, los representantes judiciales se presentaron en la audiencia de apertura de la investigación y comenzaron a trabajar de manera conjunta, con resultados que calificó como positivos.
Para el procurador, esa experiencia demuestra la importancia de avanzar hacia mecanismos de cooperación que permitan responder con mayor eficacia a los delitos digitales. El desafío, aclaró, no se limita a las estafas: también comprende otras conductas cometidas mediante plataformas tecnológicas, entre ellas la difusión de material sexualizado y el uso indebido de imágenes.
En ese marco, señaló que dentro del Consejo Federal de Procuradores también funciona una red dedicada a las cuestiones vinculadas con la inteligencia artificial. El objetivo es analizar tanto sus posibles aplicaciones en las instituciones judiciales como los riesgos derivados de su utilización para cometer delitos.
Miquelarena sostuvo que la legislación vigente permite encuadrar algunas de estas conductas, pero insistió en que hacen falta herramientas más precisas para responder a las nuevas modalidades delictivas. En particular, remarcó la gravedad de la circulación de material de abuso sexual infantil y la necesidad de que la sociedad comprenda que su difusión no constituye un juego, incluso cuando quienes participan son adolescentes.
El procurador también aludió a la responsabilidad penal juvenil y afirmó que es necesario desarrollar tareas de información y concientización para advertir sobre las consecuencias de estas acciones y el daño que provocan en las víctimas.
Juicios por jurados y perspectiva de género
La actualización de las herramientas judiciales fue uno de los ejes de las jornadas realizadas en Puerto Madryn, que también estuvieron centradas en los juicios por jurados y en la manera de incorporar la perspectiva de género durante el proceso.
Miquelarena recordó que el juicio por jurados comenzó a implementarse en Chubut hace aproximadamente tres años, luego de una larga demora respecto del mandato constitucional. Consideró que el sistema permite reconocer a la sociedad un papel directo en la administración de justicia.
Las jornadas, explicó, buscan revisar las distintas etapas del procedimiento: desde la investigación y la preparación del caso por parte del Ministerio Público Fiscal hasta la selección de los integrantes del jurado, las instrucciones que reciben y el debate oral.
El procurador destacó que litigar ante un jurado popular requiere una preparación diferente de la necesaria para presentar un caso ante jueces profesionales. Esa diferencia se vuelve especialmente relevante cuando se trata de explicar hechos atravesados por estereotipos, prejuicios o situaciones de violencia de género.
Consultado por la experiencia acumulada en los primeros juicios por jurados vinculados con estas cuestiones, afirmó que se trata de algunas de las causas más difíciles, en particular cuando se investigan abusos sexuales contra mujeres adultas en ámbitos intrafamiliares.
Según explicó, uno de los principales desafíos consiste en transmitir las particularidades de esos hechos y evitar que los prejuicios sociales condicionen la valoración de la prueba. Para ello, consideró necesario revisar formas arraigadas de interpretar determinadas situaciones y comprender las características específicas de cada caso.
Sin embargo, subrayó que la perspectiva de género no debe plantearse como una contradicción con las garantías constitucionales. “De ninguna manera son pilares que van por separado”, sostuvo, al señalar que el objetivo es compatibilizar ese enfoque con el derecho de defensa y el debido proceso.
Miquelarena afirmó que en Chubut se registraron avances en la materia y mencionó la existencia de condenas en causas en las que se aplicó la perspectiva de género. Atribuyó esos resultados a un trabajo sostenido para que los hechos sean analizados de acuerdo con sus circunstancias particulares.
Las reformas procesales de Chubut
El procurador también destacó las modificaciones legislativas impulsadas en la provincia y el respaldo que, según dijo, recibió de la Legislatura para avanzar en cambios procesales.
Entre los avances, mencionó la reforma del Código Procesal Penal aprobada el año pasado, luego de una década de gestiones para introducir modificaciones en distintos aspectos del procedimiento, entre ellos el juicio rápido.
Asimismo, resaltó la sanción de una ley provincial de ciberdelitos que, de acuerdo con su descripción, permite ampliar las posibilidades de investigación, celebrar convenios para obtener información y avanzar en el secuestro de soportes informáticos relevantes para las causas.
No obstante, aclaró que las reformas legales por sí solas no garantizan una mejora de la Justicia. También consideró indispensable revisar las prácticas de trabajo y promover una actitud autocrítica dentro de las instituciones para identificar qué procedimientos pueden perfeccionarse.
Miquelarena recordó que el sistema judicial de Chubut atravesó distintas etapas: desde un modelo inquisitivo hasta la incorporación de un sistema mixto y, posteriormente, el sistema acusatorio que rige actualmente en la provincia. A su entender, esos cambios muestran cómo las formas de investigar y juzgar se transformaron con el tiempo.
