La inteligencia artificial permite fabricar imágenes sexuales falsas a partir de fotografías cotidianas, sin que la persona representada haya participado en una situación de ese tipo. La facilidad con la que pueden producirse y compartirse plantea una pregunta jurídica central: ¿crear un deepfake sexual constituye un delito en Argentina, incluso cuando la imagen nunca existió en la realidad?
La respuesta requiere distinguir distintas situaciones. La legislación argentina contempla delitos relacionados con representaciones sexuales de menores y otras conductas que pueden aparecer asociadas a la difusión de imágenes íntimas. Sin embargo, el encuadre penal de una imagen completamente sintética no es idéntico en todos los casos.
Qué establece el artículo 128 del Código Penal
El artículo 128 del Código Penal argentino sanciona la producción, publicación, distribución y otras conductas vinculadas con representaciones de personas menores de 18 años dedicadas a actividades sexuales explícitas o de sus genitales con fines predominantemente sexuales.
Para determinadas conductas de producción y circulación, la norma establece penas de tres a seis años de prisión. También contempla sanciones para ciertos supuestos de tenencia de ese material. Argentina.gob.ar
La cuestión es cómo se aplica esta disposición cuando no existe una fotografía o filmación real de una situación sexual, sino una imagen creada íntegramente mediante inteligencia artificial o elaborada a partir de una fotografía común.
En 2025, una cámara de apelaciones bonaerense interpretó que el artículo 128 podía comprender representaciones de abuso sexual infantil generadas o modificadas mediante IA. Ese antecedente resulta relevante para analizar el alcance de la norma, aunque no significa que cualquier imagen sexual falsa quede automáticamente comprendida en el mismo delito.
La edad de la persona representada, las características del contenido y las circunstancias de producción y difusión son elementos que deben evaluarse en cada investigación.
¿Crear la imagen y difundirla son conductas diferentes?
Sí. Desde el punto de vista jurídico, es importante distinguir quién genera la imagen, quién la publica y quién la distribuye. El artículo 128 contempla varias conductas, pero su aplicación depende de que se cumplan los requisitos previstos por la norma.
En el caso de imágenes sexuales falsas de personas adultas, Argentina no cuenta con una figura penal nacional específica que abarque de manera general toda creación o difusión no consentida de deepfakes sexuales. Eso no significa que esas acciones carezcan necesariamente de consecuencias legales: pueden intervenir otras normas, según el contexto.
Por ejemplo, si el material se utiliza para exigir dinero, amenazar a la víctima o forzarla a realizar determinadas acciones, pueden analizarse figuras penales vinculadas con esas conductas. La eventual responsabilidad no surge solamente de que se haya utilizado inteligencia artificial, sino de los hechos concretos y de las normas aplicables.
Qué protección existe frente al uso no consentido de la imagen
El artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación establece, como principio general, que la captación o reproducción de la imagen o la voz de una persona requiere su consentimiento, salvo determinadas excepciones legales.
Aunque esta disposición no fue redactada específicamente para los deepfakes, puede resultar relevante en reclamos vinculados con el uso no autorizado de la imagen. La aplicación concreta a una representación sintética debe analizarse según el caso y no equivale, por sí sola, a afirmar que existe un delito penal.
También existe la Ley 27.736, conocida como Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital a la Ley 26.485 de protección integral contra las mujeres. La norma contempla distintas formas de violencia ejercidas mediante tecnologías digitales y prevé herramientas de protección frente a contenidos íntimos difundidos sin consentimiento. Su alcance está vinculado con la violencia contra las mujeres y no constituye una figura penal general aplicable automáticamente a cualquier víctima.
¿Hay una ley específica sobre imágenes sexuales falsas generadas con IA?
El debate legislativo sobre los deepfakes sexuales busca determinar si es necesario incorporar figuras específicas al Código Penal para contemplar expresamente estas prácticas.
La distinción es fundamental: un proyecto de ley no tiene la misma fuerza que una norma sancionada y vigente. Por eso, al informar sobre posibles reformas, es necesario verificar su estado parlamentario y no presentar una iniciativa como si ya hubiera modificado la legislación.
La discusión incluye cómo definir las imágenes sexuales sintéticas, qué conductas deberían sancionarse, cómo distinguir la creación de la difusión y qué medidas permitirían proteger a las víctimas sin dejar vacíos de responsabilidad.
Cuando una imagen sexual falsa representa a un niño, una niña o un adolescente, el análisis jurídico debe considerar especialmente las normas de protección de menores y las disposiciones penales sobre representaciones sexuales infantiles. Que la imagen haya sido generada artificialmente no descarta por sí solo la posibilidad de una investigación penal.
También es necesario distinguir la responsabilidad legal de los involucrados. La edad de quien creó o difundió el contenido puede ser relevante para determinar qué régimen jurídico corresponde aplicar, mientras que la intervención de una escuela debe priorizar la protección del estudiante y evitar que el material continúe circulando.
