El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó este lunes 26 de octubre de 2026 una formal denuncia ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, a cargo de Leopoldo Maldonado Gutiérrez. La presentación advierte sobre el grave deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en Argentina y solicita una intervención directa ante el Estado nacional.
La acción institucional se completó con un informe detallado que documenta la magnitud de la problemática a partir del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, un registro sostenido desde 2008. Los datos demuestran un incremento exponencial en los ataques a la prensa, pasando de 116 casos en 2023 a 179 en 2024 y alcanzando los 278 en 2025, la cifra más alta en la historia del monitoreo. En lo que va de 2026 ese récord ya fue superado, constatándose que más del 60% de las agresiones provienen del presidente Javier Milei.
Escalada del discurso presidencial y agresiones a periodistas
El informe presentado por FOPEA detalla una escalada sistemática en el discurso oficial durante las últimas semanas. Entre los antecedentes figuran mensajes en redes sociales y declaraciones públicas en eventos institucionales, donde se individualizó con nombre y apellido a profesionales de prensa que investigaron causas de corrupción y poder político, promoviendo un escenario de hostilidad extrema hacia los trabajadores de medios.
Asimismo, la organización incorporó a la denuncia otros hechos de extrema gravedad, tales como la represión de fuerzas federales en protestas sociales —con antecedentes de reporteros gráficos y trabajadores de prensa heridos por balas de goma—, campañas de hostigamiento digital mediante contenidos falsos generados con inteligencia artificial, restricciones al acceso a la información pública, cierres temporales de la sala de prensa en Casa Rosada y el incremento de acciones judiciales y censura previa contra periodistas y medios.
Solicitudes a la Relatoría Especial de la ONU
Ante este panorama, FOPEA solicitó a la Relatoría Especial que remita una comunicación formal al Estado argentino y se pronuncie públicamente sobre la situación. La entidad requirió que se le recuerden al país las obligaciones internacionales impuestas por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, enfatizando el deber de los funcionarios públicos de abstenerse de emitir expresiones estigmatizantes que expongan a riesgos a los informadores.
Finalmente, la organización pidió que se evalúe una visita oficial al país y que se actúe en estrecha coordinación con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reiterando su solidaridad con los afectados y recordando que la libertad de prensa constituye una garantía fundamental para el derecho de toda la sociedad a estar informada.
