Las publicaciones en redes sociales también tienen límites legales. Así lo remarcó Julián Emil Jalil, juez de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, al explicar a Canal 12 los fundamentos de un fallo que confirmó una condena civil por una acusación de robo que no pudo acreditarse en la Justicia. Más allá del caso puntual, el magistrado puso el foco en la responsabilidad de quienes exponen a otras personas y afectan su reputación a partir de sospechas.
“Uno puede tener una sospecha, puede creer, pero hay un límite: no difamar a otras personas ni ponerlas en ámbitos donde se puede ver perjudicada su honra y su dignidad”, señaló Jalil. Según explicó, una persona puede reunir pruebas y acudir a la Justicia para denunciar un posible delito, pero no le corresponde anticipar una condena y presentar públicamente a otra como responsable.
El juez advirtió que este tipo de situaciones no queda fuera del alcance de la ley por el hecho de ocurrir en una plataforma digital. “La exposición innecesaria de cualquier persona en una red social, ensuciando su buen nombre y honor, no es gratuita”, afirmó.
El límite entre opinar y perjudicar a otra persona
Jalil reconoció que la libertad de expresión es un derecho protegido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Sin embargo, sostuvo que ese derecho debe convivir con la protección de la dignidad y el honor de las personas.
“El límite es justamente no lesionar la dignidad de otra persona cuando todavía la Justicia no la había condenado”, explicó. Para el magistrado, el problema aparece cuando una opinión o una sospecha se transforma en una acusación pública que puede perjudicar a alguien sin que exista una decisión judicial que respalde esa imputación.
En ese sentido, también señaló que la identidad de quien publica un contenido no siempre resulta evidente. En el caso analizado, según relató, una pericia informática permitió vincular una cuenta de Facebook con otra perteneciente a la persona demandada.
La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, dictada por el juez Patricio Concentino. Jalil indicó que, junto con el doctor Fior de Liisi, consideró que la resolución se ajustaba a derecho.
Qué dice la ley sobre las acusaciones falsas
El magistrado mencionó el artículo 1771 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula la acusación calumniosa. También explicó que, más allá de esa figura, la lesión de un derecho protegido —como el honor o la dignidad— puede dar lugar a una reparación cuando se configuran los requisitos legales de responsabilidad civil.
En el expediente, la demanda reclamó una indemnización de $2.400.000, más intereses, por los daños ocasionados. Además, se había solicitado una medida relacionada con la publicación de una aclaración en la misma red social.
Para Jalil, este tipo de procesos muestra que existen herramientas judiciales para quienes consideran que fueron perjudicados por manifestaciones sin fundamento. “El Código Civil y Comercial protege la dignidad de la persona”, resumió.
El juez también destacó la importancia de que la ciudadanía conozca estas vías legales y recordó que la función de los magistrados es aplicar las normas para proteger los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
El mensaje central de Jalil es que la libertad de expresión no elimina la responsabilidad por lo que se publica: denunciar un hecho ante las autoridades es distinto de señalar a alguien como culpable ante miles de usuarios. Cuando una publicación lesiona injustificadamente el honor de otra persona, puede haber consecuencias en la Justicia.
