El Gobierno de Javier Milei ratificó su decisión de avanzar con el proyecto de soberanía sobre las Islas Malvinas pese a las inquietudes expresadas por Estados Unidos sobre las posibles consecuencias de la iniciativa para sus empresas. Sin embargo, el oficialismo todavía no consiguió reunir los acuerdos necesarios en el Congreso para emitir dictamen y llevar la propuesta al recinto.
La posición de Washington quedó expuesta durante una conferencia en el Palacio San Martín, donde Christopher Landau, número dos del Departamento de Estado, señaló que su país sigue de cerca los intereses de sus compañías, aunque aclaró que respeta el proceso legislativo argentino.
En la Casa Rosada interpretaron esa declaración como una postura esperable y descartaron que las observaciones estadounidenses vayan a modificar el rumbo del proyecto. La posición oficial es que las empresas que operen en la Argentina deben ajustarse a la legislación nacional, independientemente de su origen.
La discusión abre dos frentes para el Gobierno: sostener una de sus iniciativas vinculadas con la política sobre Malvinas y, al mismo tiempo, destrabar una negociación parlamentaria que lleva varias reuniones sin avances concretos.
Qué propone la iniciativa sobre Malvinas
El proyecto, impulsado por Milei y elaborado por el asesor presidencial Santiago Caputo, busca reemplazar la legislación vigente desde 2011 y ampliar las sanciones contra las empresas y personas que participen en la exploración o explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. El objetivo es reforzar las herramientas legales para desalentar esas actividades, en particular las vinculadas con los hidrocarburos.
La iniciativa también alcanza a compañías que faciliten esas operaciones y prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Ese alcance es uno de los puntos que genera inquietud en Washington, por las posibles consecuencias para empresas estadounidenses vinculadas con proyectos desarrollados en el área de Malvinas.
Landau no pidió públicamente que el Gobierno argentino retirara o modificara el texto. Su declaración combinó el reconocimiento del interés estadounidense en proteger a sus compañías con una aclaración sobre el respeto al proceso legislativo argentino.
Las diferencias que frenan el debate en el Congreso
Mientras el Gobierno sostiene que no cambiará el proyecto por presiones externas, las negociaciones parlamentarias siguen sin alcanzar un acuerdo. El plenario de comisiones previsto para esta semana fue suspendido y la iniciativa continúa sin dictamen, después de varias reuniones sin consenso.
Uno de los artículos más cuestionados establece penas de hasta 12 años de prisión para determinadas campañas de desinformación financiadas o impulsadas desde el exterior. Sectores de la oposición advirtieron sobre los riesgos de una redacción que, según sostienen, podría afectar la libertad de expresión. También existen diferencias sobre la integración y las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional previsto en el proyecto.
El oficialismo deberá resolver esas objeciones si pretende reunir los respaldos necesarios para avanzar. Aunque hay coincidencias sobre la necesidad de sancionar la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en las islas, esas coincidencias no alcanzaron hasta ahora para destrabar el tratamiento parlamentario.
