La presidenta del Concejo Deliberante de Trelew, Claudia Solís, se presentó este jueves en la Comisaría Segunda para prestar declaración como testigo en el marco de un episodio de violencia verbal protagonizado por un empleado legislativo dentro del edificio del cuerpo deliberativo.
Según explicó la titular del Concejo, el trabajador se reincorporó a sus funciones luego de un período de licencias médicas. Al presentarse fuera del horario establecido para el ingreso, desde el área de Personal y Recursos Humanos se le notificó que se le descontaría el día trabajado, situación que derivó en una fuerte reacción verbal contra el jefe del área.
«Hoy se le comunicó que se le descontaba el día porque vino en forma tardía y ahí comenzó su estado de violencia verbal contra el jefe de Personal y Recursos Humanos», relató Solís.
La presidenta del Concejo señaló que el episodio no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una situación que viene siendo analizada desde hace varias semanas. Indicó que existen antecedentes de conflictos con el mismo empleado y que desde el 18 de agosto se desarrolla un proceso administrativo para investigar distintas conductas denunciadas, además de requerirse información sobre otras actuaciones judiciales.
«Venimos llevando todo un proceso para cumplir con el sumario administrativo, teniendo en cuenta el convenio colectivo de trabajo que rige al personal del Concejo Deliberante», explicó.
En ese sentido, remarcó que el trabajador continúa siendo empleado del cuerpo legislativo porque permaneció con licencias médicas luego de finalizar su licencia anual.
«No puedo tomar una decisión por fuera de la ley»
Consultada sobre una eventual sanción o desvinculación del empleado, Solís sostuvo que la resolución dependerá del resultado de la investigación administrativa y de las actuaciones judiciales que se encuentran en curso.
«No puedo erigirme en una cuestión de justicia y decidir echarlo. Tengo que cumplir determinados pasos y respetar las normas», afirmó.
Asimismo, recordó que existen denuncias y hechos que son de público conocimiento vinculados al trabajador, aunque evitó adelantar cualquier definición sobre su situación laboral.
«Tenemos que respetar todo el procedimiento administrativo para determinar qué se va a hacer en la instancia final con este empleado», concluyó.
