El conflicto por la explotación petrolera en las aguas que rodean a las Islas Malvinas tendrá un nuevo capítulo judicial en noviembre. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó para el 10 y 11 de noviembre de 2026 las audiencias orales en las que analizará el pedido de la Argentina para frenar el desarrollo del yacimiento Sea Lion, impulsado por empresas que operan bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas del archipiélago.
La decisión, firmada por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, establece el calendario de un procedimiento de urgencia que busca obtener medidas provisionales mientras avanza el arbitraje internacional iniciado por el gobierno de Javier Milei contra el Reino Unido.
Las audiencias se realizarán en la sede del tribunal, en Hamburgo, serán públicas y se transmitirán en vivo por internet, según informó el organismo. Los jueces deberán determinar si existen fundamentos jurídicos para intervenir antes de que se constituya el tribunal arbitral que deberá resolver el fondo de la controversia.
La Argentina presentó su solicitud el 13 de octubre, después de que venciera el plazo que había dado a Londres para que suspendiera las actividades petroleras. Ahora busca que el tribunal ordene detener el inicio o la continuidad de la explotación, impedir nuevas autorizaciones y evitar que se utilice información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos argentinos.
Una eventual decisión favorable a Buenos Aires sería vinculante para las partes. El tribunal arbitral que se constituya posteriormente podrá mantener, modificar o levantar las medidas provisionales.
Un yacimiento con producción prevista para 2028
El centro de la disputa es Sea Lion, un proyecto ubicado en la cuenca norte de las Malvinas, a unas 107 millas náuticas —cerca de 198 kilómetros— del archipiélago. El área comprende 541,40 kilómetros cuadrados dentro de la licencia petrolera PL032.
La operación está en manos de Navitas Petroleum, de origen israelí, que controla el 65% del proyecto, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, que posee el 35% restante. Ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y fijaron como objetivo iniciar la producción durante el primer trimestre de 2028.
Los planes de desarrollo contemplan 23 pozos distribuidos en seis centros de producción, además de instalaciones submarinas y un buque destinado a procesar, almacenar y descargar petróleo.
Los preparativos para avanzar con el proyecto ya están en marcha. Según los reportes empresariales citados en la presentación argentina, la campaña inicial de perforación estaba prevista para comienzos de 2027, mientras que se desarrollaban trabajos de infraestructura para recibir los equipos necesarios.
Para el Gobierno, ese cronograma explica la urgencia del planteo judicial: si las operaciones avanzan antes de que se resuelva la controversia, podrían consolidarse hechos difíciles de revertir y aumentar los riesgos ambientales en una zona marítima cuya administración la Argentina cuestiona.
El argumento ambiental, eje de la presentación argentina
La estrategia jurídica de Buenos Aires busca que el tribunal pueda intervenir sin necesidad de pronunciarse sobre la soberanía de las islas. Para eso, la presentación pone el foco en las obligaciones de protección del medio marino previstas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
El escrito sostiene que la explotación unilateral impide a la Argentina ejercer sus facultades regulatorias y cumplir con sus responsabilidades ambientales en el área. También advierte sobre las consecuencias que podría tener un derrame de petróleo que alcanzara aguas bajo jurisdicción argentina.
Uno de los elementos centrales de la documentación son los planes de contingencia elaborados por las propias empresas. En un documento presentado por Premier Oil ante las autoridades de facto de las islas, se estimó que existía un 30% de probabilidad de que el petróleo llegara a aguas argentinas después de 30 días. Para un crudo más liviano, la proyección elevaba ese riesgo al 100% después de 14 días.
La presentación también menciona el antecedente de una falla registrada en abril de 2015 en el pozo Isobel Deep, situado a unos 30 kilómetros al sur de Sea Lion.
A esos argumentos se suma el cuestionamiento a la experiencia operativa de las compañías. Según el escrito argentino, ni Navitas Petroleum ni Rockhopper Exploration cuentan con antecedentes como operadoras de un campo petrolero offshore en producción.
El planteo apunta a reforzar la existencia de un riesgo que, de acuerdo con Buenos Aires, justifica una intervención preventiva. La Argentina invoca además antecedentes jurídicos internacionales, entre ellos el arbitraje del Mar del Sur de China, para sostener que las obligaciones de protección ambiental se aplican con independencia de las controversias sobre soberanía territorial.
La respuesta británica y las licencias petroleras
Londres ya anticipó que participará del procedimiento, aunque rechazó los argumentos argentinos y defendió la continuidad de las actividades hidrocarburíferas.
La ministra británica de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo ante la Cámara de los Comunes que la notificación argentina no invalida las licencias otorgadas por las autoridades de las islas ni obliga a detener los proyectos. También afirmó que el Reino Unido considera vinculantes las medidas provisionales dictadas por los tribunales internacionales y que cumple con sus obligaciones.
En paralelo, el gobierno británico anunció la activación de la legislación de Protección de Intereses Comerciales, una herramienta que permite adoptar medidas frente a regulaciones extranjeras que considere perjudiciales para sus empresas y ciudadanos.
El secretario de Negocios, Jonathan Reynolds, advirtió que Londres actuará si la Argentina intenta obstaculizar actividades comerciales que el Reino Unido considera legítimas. Por su parte, el canciller Ed Miliband calificó de inaceptables los intentos de presionar a empresas e individuos vinculados con la explotación petrolera.
La tensión se había intensificado el 21 de septiembre, cuando las autoridades de facto de las islas extendieron por cinco años varias licencias de producción de hidrocarburos. La medida alcanzó seis áreas en las que participan, con distintas proporciones, los grupos Eco, Navitas y Rockhopper.
La Argentina sostiene que esas decisiones unilaterales agravan la controversia y busca que el tribunal impida nuevas autorizaciones mientras se desarrolla el arbitraje. En respaldo de su posición, también invoca las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas, en particular las que instan a las partes a evitar medidas que introduzcan modificaciones unilaterales en la situación del archipiélago.
Los antecedentes que pueden pesar en Hamburgo
El procedimiento elegido por Buenos Aires tiene precedentes en el propio Tribunal del Mar. En la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, el organismo dispuso en abril de 2015 medidas provisionales que impedían a Ghana realizar nuevas perforaciones petroleras en el área marítima disputada, aunque permitió que continuaran determinadas operaciones existentes.
La diferencia es que aquel litigio estaba relacionado con la delimitación de una frontera marítima entre Estados con costas adyacentes, mientras que el reclamo argentino se vincula con la disputa de soberanía sobre las Malvinas y el proceso de descolonización.
Otro antecedente es el caso de la fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por una acción judicial promovida por acreedores de la deuda argentina. En aquella oportunidad, la Argentina recurrió al Tribunal del Mar y obtuvo una orden de liberación inmediata e incondicional del buque.
En el caso actual, el planteo se apoya en el artículo 290, inciso 5, de la Convemar, que permite solicitar medidas provisionales cuando todavía no se constituyó el tribunal arbitral y las circunstancias requieren una intervención urgente.
El arbitraje fue impulsado formalmente el 28 de septiembre, cuando Milei instruyó a la Cancillería a iniciar el procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convemar y notificó a Londres. El canciller Pablo Quirno presentó luego el pedido cautelar ante el tribunal, mediante un escrito de 49 páginas firmado por el embajador Mario Oyarzábal, representante argentino ante el organismo.
